El fiscal Silvio Corbeta, uno de los agentes del Ministerio Público que imputó al intendente municipal de Ciudad del Este Miguel Prieto, explicó que el caso del que derivó la imputación consistió en una compra por el valor de aproximadamente G. 3.000 millones, donde se comprobó la existencia de una compra ficticia de cestas básicas por valor de más de G. 1.769 millones. Según la carpeta de acusación, Miguel Prieto contrató en pandemia a una empresa que no tenía la capacidad para proveer 25.000 kits de alimentos a la comuna esteña y que se surtía de proveedores fantasmas, comprobado por la investigación de Fiscalía, que le imputó por lesión de confianza.
Junto a Miguel Prieto están procesados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad. Con el mismo cargo, pero en calidad de coautores, también fueron imputados Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez, esta última, fue su pareja sentimental, según los datos. Fermín Ávalos Britos, quien se presentó como el propietario de “Tía Chela SRL”, también es investigado.
El equipo de fiscales que investiga la causa, además del fiscal Silvio Corbeta, también está integrado por Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, quienes solicitaron el arresto domiciliario del intendente de Ciudad del Este. El Ministerio Público le atribuye un perjuicio económico al intendente Miguel Prieto por la compra irregular de 25.000 kits de alimentos a través de una licitación por la vía de la excepción entre el 20 y 27 de marzo de 2020, en periodo de pandemia. Corbeta expresó que un informe del Departamento de Investigación Tributaria de la Subsecretaría del Estado de Tributación (SET) detectó inconsistencias en la trazabilidad de la compra de mercaderías de la empresa Tía Chela SRL, que proveyó los kits de alimentos a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La compra ficticia existió y se trató de maquillar, pero al realizar la trazabilidad de la compra se detectó fácilmente esta situación, desnudando de esta manera la miserable acción de Prieto y de su entonces director de Desarrollo Social, hoy concejal municipal Sebastián Martínez, que se aprovecharon de la necesidad de las familias que fueron afectadas por el Covid-19.
