Las empresas encargadas de las obras complementarias para el Puente de la Integración, que une nuestro país con Brasil, registran un preocupante atraso en los trabajos, además de un sustancial encarecimiento, en el marco del denominado “Corredor Metropolitano del Este”. Las obras del puente en sí ya finalizaron a mediados del año pasado, sin embargo, debido a la irresponsabilidad de las contratistas, recién sería habilitado a finales del 2025, cuando concluyan las obras complementarias. Llama la atención el silencio cómplice de la titular del MOPC, Ing. Claudia Centurión, una de las más resistidas dentro del gabinete del presidente Santiago Peña por su inacción e ineptitud para el alto cargo.
Sobrecostos por más de G. 115.000 millones ya registran los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el marco del denominado Corredor Metropolitano del Este. De acuerdo a los datos, las obras en su mayoría ni siquiera alcanzan el 50% de culminación y los atrasos serían una mera “estrategia” para seguir pidiendo “adendas” e inflar el costo final de las obras, todo con el beneplácito de la cartera estatal, que aparece como cómplice y encubridor en este millonario negociado.
Los datos oficiales dan cuenta que son seis los contratos para ejecutar las obras de acceso al Puente de la Integración, por un monto total de G. 804.241 millones. Lo llamativo del caso es que cinco de estos contratos, para construir el denominado “Corredor Metropolitano del Este”, ya registraron un sobrecosto de unos G. 115.798 millones (más de US$ 16 millones), por lo que hasta ahora, el monto contractual de estas obras ya sobrepasa los G. 920.000 millones (casi US$ 128 millones), según los documentos oficiales publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Estos aumentos fueron autorizados por el MOPC a través de adendas, aparentemente por supuestas obras adicionales, pero desde la cartera estatal no dan explicaciones respecto a los incrementos que fueron autorizados, principalmente durante el Gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez. La gestión de la ministra Claudia Centurión, quien ya está en el cargo hace casi un año, tampoco cuestionó estas adendas, por lo que igualmente se hace cómplice de las presuntas irregularidades.
MILLONARIO ENCARECIMIENTO
Uno de los contratos que ya tiene un importante encarecimiento, de acuerdo con los documentos, es el acceso interurbano, que está a cargo de la Constructora Acaray S.A., propiedad del ingeniero Antonio Eudes de Oliveira. Esta obra se adjudicó por G. 136.157 millones, pero terminará costando G. 162.767 millones, es decir, registró un aumento de G. 26.610 millones. Con esta adjudicación supuestamente se debe mejorar la conexión de la red urbana existente en Presidente Franco.
Asimismo, el contrato para el acceso rural, que se adjudicó en dos lotes para la construcción de una vía asfaltada de 4 carriles, que tendrá una extensión de casi 31 km, también tiene una importante alza de G. 72.690 millones.
En este sentido, el lote 1 (km 0 al 19), que está a cargo del Consorcio CT Vial, integrado por Isacio Vallejos S.A. y Tecnología del Sur S.A.E., se había adjudicado por G. 289.659 millones, pero ya tiene un sobrecosto de G. 47.402 millones, es decir, terminará con un precio de G. 337.062 millones. Las obras de este tramo cuentan con un avance del 25,19%.
El lote 2 (km 19 al 31) del acceso rural está a cargo del Consorcio Mediterráneo, integrado por las firmas Constructora Petricevic S.A., Ing. Miguel Chaves Hausman e Iniciativas Constructivas S.A.. El monto del contrato original subió de G. 162.949 millones a G. 188.237 millones, o sea, G. 25.288 millones adicionales.
Por otro lado, el contrato para la construcción de una zona primaria, que está a cargo del Consorcio TIV, integrado por Tocsa SA, Implenia SA y Vial Sur SA, se adjudicó por G. 42.997 millones, pero ya subió a G. 51.574 millones (G. 8.576 millones más). Estos trabajos tienen un avance del 39,95%.
POLÉMICA FIRMA CALDETEC, UNA DE LAS BENEFICIARIAS
Por último, el contrato para la “Terminal Portuaria de Cargas”, donde se está construyendo el Centro de Trámites Aduaneros (CTA), el edificio administrativo que albergará a los entes públicos del Paraguay y Brasil, tiene un avance del 32,87%. Este lote está a cargo del Consorcio CEP, conformado por Caldetec SRL, EDIVI SA y Puntal Construcciones SA. Se le adjudicó por G. 39.726 millones, pero ya tiene un sobrecosto G. 7.922 millones.
Recordemos que la firma Caldetec SRL estuvo en el ojo de la tormenta en abril pasado, cuando tres trabajadores de la contratista fallecieron en oscuras circunstancias, en la colonia Paso Itá de Hernandarias. De acuerdo a los datos, la empresa no proporcionó equipos de protección adecuados a los obreros, quienes aparentemente estaban realizando trabajos particulares en beneficio de una quinta, propiedad de la familia de un alto funcionario Cartista de la Itaipu Binacional.
La Binacional había prometido iniciar una investigación, cosa que nunca se hizo. Caldetec no proporcionó el equipo de seguridad necesario a sus empleados para trabajar en «líneas vivas», como la cobertura de postes, guantes de goma Clase 3 especiales, mangas y mantas dieléctricas. La empresa Caldetec Ingeniería es bastante cuestionada; hay sospechas de que obtuvo contratos en Itaipu debido a la influencia del ex vicepresidente Hugo Velázquez durante el gobierno anterior.
SOLO UN CONTRATO NO REGISTRA SOBRECOSTO
El único contrato respecto al Puente de la Integración que por ahora no se encareció es el que corresponde a la construcción del puente sobre el río Monday, que se adjudicó al Consorcio Monday (Constructora Heisecke S.A. y Construpar S.A.), por G. 132.753 millones, tras haberse cancelado un llamado anterior. En este caso, ni siquiera se iniciaron los trabajos, por lo que más adelante también se podrían registrar adendas, para encarecer el producto final.
Todas estas obras son financiadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a través de un préstamo de US$ 212 millones; es decir, las obras complementarias serán mucho más costosas que el puente atirantado propiamente, que costó US$ 84 millones y fue financiado por Itaipú Binacional.
