En lugar de combatir la terrible ola de inseguridad que azota a Ciudad del Este y al Alto Paraná, agentes de la Policía Nacional se dedican a perseguir y prácticamente “secuestrar” a automovilistas para extorsionarlos, acusándolos de conducir en estado de ebriedad. Un nuevo caso se registró el fin de semana pasado en el barrio San Miguel, donde un joven fue detenido en una barrera de control. Al no encontrar irregularidades en sus documentos, los agentes intentaron coaccionarlo, alegando que «estaba borracho». Amenazaron con derivarlo a la Fiscalía con el claro propósito de obtener dinero de la víctima. Es importante destacar que los controles de alcotest son de exclusiva facultad de la Patrulla Caminera.
El incidente ocurrió en horas de la madrugada del domingo, cuando la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, circulaba por el barrio San Miguel en su vehículo. Fue abordado en una barrera de control, donde los agentes primero solicitaron sus documentos. Luego, al comprobar que todo estaba en orden, lo acusaron de «estar borracho» y lo trasladaron a la subcomisaría 51 del barrio San Miguel. Allí lo presionaron con amenazas de llevarlo a la Patrulla Caminera para someterlo al alcotest y luego al Ministerio Público para su imputación.
Todo esto evidencia un claro intento de extorsión por parte de los agentes, ya que la Policía Nacional no tiene autorización para realizar controles de alcotest, una facultad exclusiva de la Patrulla Caminera. En lugar de cumplir con su deber de proteger a los ciudadanos y combatir la inseguridad, los agentes buscan aprovecharse de ciudadanos desprevenidos, chantajeándolos e incluso invocando al Ministerio Público y a la Patrulla Caminera para respaldar sus acciones ilegales.
Al consultar al agente fiscal de turno, Osvaldo Zaracho, este confirmó que no hubo denuncias por casos positivos de alcotest en esa fecha y horario, lo que confirma la naturaleza extorsiva del control policial. Es importante destacar también el comportamiento prepotente de los agentes, quienes denigraron a la víctima en todo momento. Además, el abordaje del vehículo por parte de un agente policial sin motivo de flagrancia constituye una violación de los derechos del ciudadano y de las normativas legales vigentes.
Es fundamental que los altos jefes policiales tomen medidas urgentes para erradicar este tipo de conductas abusivas por parte de sus agentes. La Policía Nacional debe ser una institución que inspire confianza y respeto en la ciudadanía, no una entidad que cause temor y desconfianza. Los altos mandos policiales tienen la responsabilidad de garantizar que los agentes actúen con profesionalismo y respeto hacia los ciudadanos, y deben tomar medidas contundentes para asegurar que casos como este no vuelvan a ocurrir en el futuro.
