En el municipio de Presidente Franco aparentemente los plazos para la entrega de obras adjudicadas por la administración del intendente Roque Godoy “son letra muerta”. Esta realidad se evidencia una vez más tras la inauguración de la nueva oficina regional del Dpto. de Identificaciones, obra que arrancó en noviembre de 2023 y que debió concluir en 60 días. Sin embargo, recién después de seis meses de atraso fue terminada. Algo muy similar al escándalo con los trabajos de remodelación en el Polideportivo Municipal, que también debían terminarse en dos meses, pero hasta la fecha no están concluidos.
Ayer se inauguró la oficina propia del Dpto. de Identificaciones de la Policía Nacional, ubicada en el predio de la Comisaría 6ta de Presidente Franco. De acuerdo a los documentos pertinentes, la obra tenía orden de inicio el 4 de noviembre de 2023 y debía terminarse en enero de 2024. Sin embargo, hubo un “pequeño atraso” de seis meses. El edificio fue entregado con un considerable retraso, lo que fue duramente criticado por el concejal opositor Hugo Mendoza Cáceres (ANR), quien indicó que “las cláusulas en los contratos son letra muerta en la administración del intendente Roque Godoy”.
Mientras la oficina no se habilitaba, el Dpto. de Identificaciones funcionaba precariamente en un pequeño e incómodo local situado en la Plaza de la Libertad, ocasionando perjuicios tanto a los funcionarios como a las personas que tramitaban sus documentos en dicho lugar.
MISMA SITUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO
El caso es muy similar al retraso en las obras de refacción del Polideportivo Municipal, en donde el director de Obras de la comuna, el cuestionado Cristhian Gustavo Ortiz, designado por el ejecutivo municipal como Fiscal de Obras, firmó el “Acta de Recepción Definitiva” el 29 de enero de 2024, dando por concluida las reparaciones que hasta la fecha continúan cada vez que se les antoja a los albañiles.
De acuerdo a las documentaciones, existe un grosero contubernio entre el intendente Roque Godoy, su director de Obras y los responsables de la firma Fann S.A., ya que en los papeles la referida obra ya concluyó. El jefe comunal finalmente se presentó en la Junta Municipal e intentó ensayar excusas, hablando de “errores administrativos”. Incluso dijo que la empresa Fann S.A. pagaría “generosamente de su bolsillo” G. 300 millones que faltan para terminar la obra, ya que al conceder la licitación no se percataron del valor real, que superaba supuestamente los G. 800 millones. Sin embargo, la obra fue adjudicada por menos de G. 500 millones. El concejal Mendoza había pedido a sus colegas solicitar una auditoría a la Contraloría, pero como siempre, la mayoría de los ediles serviles al intendente acabó trabando el pedido. Por ello, el concejal Mendoza presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, para que el Ministerio Público tome cartas en el asunto.
