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Concejal exige rendición sobre unos G. 200 mil millones recibidos por el municipio franqueño

El concejal Hugo Mendoza exige conocer detalles sobre el destino de casi G. 200.000 millones recibidos por la municipalidad en los últimos diez años.

El concejal municipal Hugo Mendoza (ANR) volvió a levantar la voz contra lo que califica como una administración opaca y sospechada de corrupción por parte del intendente Roque Godoy (PLRA), actualmente en su segundo mandato consecutivo. El edil cuestionó el manejo de casi 200 mil millones de guaraníes transferidos desde el Gobierno Nacional al municipio de Presidente Franco, fondos cuyo destino —según afirma— sigue sin ser debidamente esclarecido. Mendoza denunció que, a pesar de las serias dudas sobre la utilización de los recursos y las irregularidades detectadas en la ejecución de obras públicas, los concejales afines a Godoy ya estarían preparando el camino para aprobar sin cuestionamientos la rendición de cuentas del ejercicio 2024, repitiendo una práctica que —según sostiene— se ha convertido en costumbre desde 2015.

“Otro circo en puertas y los payasos preparan el escenario para aprobar la rendición del intendente municipal”, ironizó Mendoza a través de sus redes sociales, apuntando directamente al bloque oficialista de la Junta Municipal. El edil detalló que, solo en lo que va del 2024, la comuna recibió G. 25.939 millones, conforme a registros del Ministerio de Economía y Finanzas, pero aún no se sabe en qué se invirtieron estos fondos.

Uno de los principales focos de crítica de Mendoza es el uso recurrente de la figura “ad referéndum” en licitaciones de obras, un mecanismo que permite adjudicar contratos sin una planificación pública ni revisión técnica exhaustiva. El concejal denunció que esta modalidad favorece sistemáticamente a empresas cercanas al entorno del intendente.

El intendente Roque Godoy no contesta los pedidos de informe de la J.M.

Recientemente, la Junta Municipal aprobó una licitación por G. 3.730 millones para obras en instituciones educativas bajo esa modalidad. Mendoza fue el único en votar en contra, alegando que este esquema se repite año tras año. Una licitación similar por G. 4.000 millones ya había sido aprobada anteriormente bajo las mismas condiciones.

“El uso sistemático del ad referéndum abre la puerta al manejo discrecional y poco transparente de los fondos públicos. Lo que antes fue una advertencia, hoy se ha convertido en un patrón consolidado”, sostuvo el edil.

SILENCIO OFICIAL ANTE PEDIDO DE INFORMES

Otro hecho que genera preocupación es la falta de respuesta del intendente Godoy a los pedidos de informes solicitados por la Junta Municipal. Mendoza denunció que tres solicitudes clave siguen sin respuesta, a pesar de que el plazo legal de 72 horas ya venció.

Entre los temas más sensibles se encuentra la adquisición de un terreno para un nuevo cementerio municipal mediante Licitación por Vía de la Excepción (ID 459987). Según Mendoza, la municipalidad aún no presentó documentos básicos como la escritura del inmueble, el avalúo fiscal ni las resoluciones que respalden la compra.

También genera dudas la ampliación de la avenida Bernardino Caballero, obra que carece de presupuesto detallado, estudios técnicos y cronograma de ejecución. A pesar de los reiterados pedidos, ni el intendente ni el director de Obras, Cristian Ortiz, han facilitado la documentación correspondiente.

Asimismo, la adjudicación de cocinas-comedor (ID 461156) a empresas con antecedentes polémicos fue duramente cuestionada. Una de las firmas, Fann S.A., fue denunciada por presentar un acta de recepción de un polideportivo que nunca fue construido. La otra, Pérez y Aguayo S.R.L., figura con su cuenta inhabilitada por el Banco Central del Paraguay. Ambas fueron favorecidas sin explicaciones claras sobre el proceso de selección.

Mientras las rendiciones de cuentas siguen siendo objeto de cuestionamientos y las obras carecen de transparencia, el intendente Roque Godoy está operando políticamente para instalar como su sucesora en las elecciones municipales del 2026 a su esposa, la diputada Roya Torres, recientemente “salvada” de una imputación por cobro indebido de honorarios.

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