La aplanadora oficialista de la Junta Municipal de Minga Guazú aprobó ayer “a ciegas” y sin cuestionamiento alguno la ejecución presupuestaria 2023 del cuestionado intendente Diego Ríos (Yo Creo). Sin siquiera figurar en el orden del día y con tiempo hasta el 14 de mayo para expedirse, las comisiones de Legislación, Hacienda y Presupuesto, repentinamente presentaron un dictamen favorable, que fue metido a los apurones dentro del orden del día de la sesión ordinaria de ayer. El documento fue aprobado por una mayoría de ediles obsecuentes al jefe comunal.
De manera escandalosa y totalmente irregular, una mayoría de concejales municipales aprobó ayer la ejecución presupuestaria del 2023 del intendente Diego Ríos (Yo Creo), pese a que no envió ninguna documentación respaldatoria para justificar los millonarios egresos de la comuna, lo que aumenta las sospechas de groseros negociados y actos de corrupción. De hecho, existía apenas un dictamen respecto al balance y rendición de cuentas presentado por el jefe comunal, en el cual se recomendaba la aprobación de la ejecución presupuestaria.
Sugestivamente, el pedido de tratamiento del dictamen entró repentinamente un día antes de la realización de la sesión ordinaria, es decir, el lunes 15, informando que el martes a las 07.00 de la mañana se trataría el balance año 2023. La concejal Laura Barreto (ANR), la única que se opuso a la aprobación, cuestionó el apuro para la aprobación, llevando en cuenta que había tiempo hasta el 14 de mayo para aprobar o rechazar el informe presupuestario.
Sin embargo, tras la presentación del dictamen, en tiempo récord y sin cuestionamiento alguno, los ediles “leales” a Ríos aprobaron su ejecución presupuestaria, así como vienen haciendo año tras año. Solo votó en contra la concejal Laura Barreto, mientras que se abstuvieron Alex Dos Santos y Víctor Lugo.
Los ediles que dieron su voto para la aprobación del balance plagado de irregularidades fueron José Silguero, Juan Friedeling, Laura Torres, Wilfrido César González, además de Antonio Sotelo, Elizabeth Vargas, Elio Núñez, Blanca Riquelme y Juan Barreto, todos cómplices del cuestionado jefe comunal.
De acuerdo a los datos, la rendición de cuentas presentada no contenía ningún tipo de documentación respaldatoria, por lo que no podría haber sido aprobada jamás en estas condiciones. Efectivamente, la Ley Orgánica Municipal, en el Art. 207, señala expresamente que “la Junta Municipal, si lo considerare necesario podrá requerir la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas y el intendente deberá remitirla dentro del plazo establecido en el requerimiento. La falta de cumplimiento de esta requisitoria podrá ser considerada como una causal de rechazo de la rendición de cuentas”.
Sin embargo, los ediles obsecuentes ni siquiera se tomaron el trabajo de solicitar la documentación pertinente, sino simplemente aprobaron el balance, indicando que “está todo bien”. Hay serias dudas, principalmente en lo que respecta al rubro construcciones, detalles sobre los aportes a entidades sin fines de lucro, aportes a comisiones vecinales, ejecución con fondos de royalties, Fonacide, entre otros. No obstante, ya nada se podrá hacer con la aprobación del balance, lamentó la edil Laura Barreto.
OBLIGADO A RENDIR CUENTAS
Si bien Diego Ríos tiene el dominio total sobre la Junta, recordemos que recientemente la Juez de Primera Instancia en lo Laboral del Tercer Turno del Alto Paraná dio lugar al amparo constitucional promovido por la Contraloría Ciudadana de Minga Guazú contra la municipalidad, obligando al intendente a responder a dicha entidad todos los informes exigidos.
El jefe comunal había violado la Ley Nº 5.282 de Transparencia. Desde el año pasado dicho órgano civil viene solicitando informes respecto a la cuestionada administración de Ríos, que persistentemente se niega a proveer los documentos requeridos. A raíz de ello recurrieron a la justicia y presentaron un recurso de amparo que fue contestado positivamente por la juez. La gestión de Ríos es una de las más cuestionadas a nivel de Alto Paraná, sin embargo, el mismo cuenta con el respaldo de concejales corruptos y vendidos, que año tras año aprueban sus balances.
