El fiscal Silvio Corbeta, quien acusó y pidió que se eleve a juicio oral la causa que involucra al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), aseguró ayer que el jefe comunal “utilizó el mismo modus operandi” en los casos conocidos como “Tajy” y “Tía Chela”. Con sus expresiones, el agente del Ministerio Público desvirtuó una vez más, que se trate de una persecución política.
Corbeta sostiene que en la comuna esteña existe un esquema de corrupción que atenta contra el patrimonio de la entidad municipal. “Para nosotros, en Ciudad del Este está conformado un esquema de corrupción pública encabezado por el intendente (Miguel Prieto) y otros funcionarios designados en cargos de confianza. Ya tenemos el ejemplo del caso anterior por el cual fue acusado (Tía Chela), donde se da el mismo modus operandi, donde el perjuicio fue de G. 2.100 millones. En este caso en particular (Tajy), el prejuicio fue menor, de G. 306 millones, pero lo que sí, básicamente, fue el mismo modus operandi. Por ejemplo, direcciones internas de la municipalidad promueven el llamado a licitación utilizando como justificativo la pandemia”, aseveró el agente del Ministerio Público.
Insistió que las investigaciones en ambos casos indicaron que se utilizó el mismo sistema de defraudación, con la única intención de dañar el patrimonio de la comuna. “El caso anterior (Tía Chela) es fundamental, porque revela un modus operandi y el establecimiento de roles de funcionarios de confianza de Prieto, quienes tenían autonomía de decisión, pero sus roles eran violar los intereses municipales y tomar decisiones que perjudiquen a la municipalidad, siguiendo procesos que les convenían, para luego cerrar licitaciones con parientes”, reprochó Corbeta.
Como ejemplo citó el operativo montado desde la Unidad de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Ciudad del Este, desde donde se “armaban” los esquemas de fraude, desde el llamado mismo a las licitaciones; especialmente bajo la modalidad de la excepción como el de Pliego de Bases y Contrataciones, que se elaboraba a la medida, con la finalidad de favorecer a amigos o familiares. “Emitían un dictamen para darle viabilidad a ese modo de excepción y nuevamente esto era refrendado por el mismo intendente y de esa manera la convocatoria se realizaba por esta vía, no era algo casual realizado por la intendencia, ya que se dio en el caso anterior y se vuelve a ver en este caso, con el objeto de reducir la cantidad de oferentes”, detalló Corbeta.
Explicó que el informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas revela que la empresa “Tajy” figura como empresa de construcción, pero fungía como proveedora de alimentos. “Tenemos, principalmente, los dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el legajo íntegro de la licitación donde se puede ver todo el procedimiento desde el inicio, como se genera esta licitación”, destacó.
