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Consideran excesiva la pena carcelaria impuesta para dos adictos a las drogas

El tribunal estuvo conformado por Zunilda Martínez, Marino Méndez y Herminio Montiel.

Dos sexagenarios declarados adictos a todo tipo de estupefacientes fueron sentenciados a 7 y 6 años de cárcel respectivamente. Se trata de Jair Pérez (60) y Cipriano Fernández, quienes anunciaron que recurrirán a segunda instancia a través de sus representantes legales. La audiencia pública concluyó ayer y el fiscal Manuel Rojas Rodríguez, en representación del Ministerio Público, solicitó 5 años de pena privativa de libertad para ambos.

El agente fiscal de la causa había presentado la acusación  en contra de Jair Pérez y Cipriano Balbuena, en base al artículo 30 de la ley 1340/88 y sus modificaciones, que se refiere a la tenencia de mayor cantidad de drogas que lo permitido para los consumidores. Sin embargo, la pena fue impuesta con base al artículo 27 del mismo cuerpo legal, que se refiere a la tenencia sin autorización de drogas. El tribunal colegiado de sentencia estuvo integrado por los jueces Zunilda Martínez, Marino Méndez y Herminio Montiel.

Fue demostrado durante la etapa intermedia que Pérez y Fernández son adictos al consumo de la marihuana y a la cocaína en su denominación de nevada. La expectativa de pena con base al artículo 30 es de 2 a 4 años de prisión, pero el tribunal consideró adecuado introducir en el momento de dictar sentencia, lo estipulado en el artículo 27 del ordenativo jurídico. En ese sentido la expectativa de pena es de 5 a 15 años de reclusión  penitenciaria.

La defensa de los sexagenarios estuvo a cargo de los abogados Oscar Luciano Escobar y Silvina Benítez Carballo. Ambos coincidieron en afirmar que recurrirán a segunda instancia para que se revea la pena que fue considerada como excesiva. Cabe destacar que el tribunal integrado por los magistrados ya mencionados es el más temido en esta circunscripción. Es por el análisis exhaustivo realizado en cada caso y por no llevar en muchas ocasiones la recomendación dada por el Ministerio Público para la imposición de la pena.

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