El fiscal Silvio Coberta, brindó una conferencia de prensa esta mañana en la capital del país, para dar detalles sobre la constitución realizada por su asistente en la Costanera Ñande Renda de Ciudad del Este, como parte de las investigaciones que pesan contra el intendente Miguel Prieto, del movimiento «Yo Creo». Estas denuncias, impulsadas por el ex concejal Celso Kelembú Miranda y la Contraloría Ciudadana.
«Fuimos a recabar elementos de prueba y cumplir con el rol de la fiscalía, para resolver el proceso con objetividad», explicó el fiscal Corbeta. Las investigaciones giran en torno a supuestas sobrefacturaciones en las obras realizadas en la costanera, además de otras irregularidades en las construcciones adyacentes, como plazas y trabajos de pavimentación.
El fiscal destacó que el objetivo principal de la constitución es realizar mediciones detalladas de las obras y verificar si el costo de las mismas corresponde a lo pagado por la administración municipal. «Es un trabajo muy complejo que requerirá varios días, ya que involucra a ingenieros y arquitectos que deben medir y calcular las obras en su totalidad», añadió Corbeta.
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Las tres principales líneas de investigación incluyen el dragado de arena, la supuesta sobrefacturación de las obras de la costanera, y las especificaciones técnicas de las construcciones adyacentes. Estas denuncias se centran en si las obras realizadas se ajustan a lo presupuestado y pagado por la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Miguel Prieto.
Corbeta enfatizó que el Ministerio Público tiene varias vías para expedirse y que, hasta que no haya una conclusión definitiva, las investigaciones seguirán abiertas. «Nos estamos tomando el tiempo necesario para corroborar todos los detalles, con el objetivo de llegar a una resolución justa y objetiva», concluyó el fiscal.
El caso es de gran interés en la comunidad, ya que la costanera es una de las obras más visibles y emblemáticas de la administración de Prieto. Los resultados de la investigación serán clave para determinar si hubo irregularidades en la ejecución de los proyectos financiados con fondos públicos.
