Los controles a locales que operan con máquinas tragamonedas continúan en Ciudad del Este, notificando a sus propietarios para que regularicen la situación de estos equipos. Jorge Duarte, auxiliar administrativo de la intendencia municipal, reveló que la medida responde a la necesidad de alinear las operaciones de estos establecimientos con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Juegos de Azar.
En septiembre del año pasado, la Conajzar emitió la Resolución 938/23, que establece normas para la explotación de máquinas tragamonedas en todo el país, a fin de proteger a los menores de edad. El requisito principal es que estas máquinas deben estar ubicadas en salones de juegos habilitados, donde solo puedan acceder personas mayores de 18 años.
La normativa prohíbe la instalación de máquinas en lugares no destinados a este fin, como despensas, gomerías, bodegas u otros negocios similares. Según Duarte, las notificaciones se realizan para que los propietarios de estos locales retiren las máquinas o acondicionen un salón exclusivo para su operación.
Durante un relevamiento realizado en la ciudad, se identificaron alrededor de 350 locales que operan con máquinas tragamonedas, sumando un total aproximado de 500 máquinas. Este relevamiento alcanzó hasta el momento cerca del 40% del municipio esteño, lo que indica que la cantidad total de máquinas podría ser considerablemente mayor.
«Nunca se les molestó a los que explotan estas máquinas, y ahora que hacemos estas notificaciones les agarra de sorpresa», comentó Duarte. A pesar de ello, existe un alto porcentaje de predisposición para cumplir con la normativa, con el compromiso de acondicionar sus locales o devolver las máquinas a sus propietarios.
Duarte señaló que en la mayoría de los casos, las máquinas tragamonedas no son propiedad de los dueños de los locales donde están instaladas, sino de terceros que las explotan bajo acuerdos con los propietarios. Con la nueva normativa, estos intermediarios deberán regularizar su situación para evitar posibles sanciones. El proceso de regularización incluye la presentación de la documentación correspondiente, que acredite la propiedad y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Conajzar.
En cuanto al impacto económico, Duarte recordó que la recaudación generada por las máquinas tragamonedas se distribuye en un 30% para los municipios afectados, un 30% para los gobiernos departamentales donde se implementaron los juegos, un 30% para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y el 10% restante para el Tesoro Nacional. Esta distribución es fundamental para apoyar el desarrollo local y regional, así como para financiar programas sociales.
Por el momento, Ciudad del Este no cuenta con salas de juegos habilitadas, salvo algunos casinos que cumplen con los requisitos de la Conajzar. Los propietarios de los locales notificados tienen un plazo de 24 horas para iniciar el proceso de regularización. «Estamos dando un tiempo razonable para que los dueños de los locales puedan adaptarse a las nuevas exigencias», subrayó Duarte.
