Pese a los reiterados escraches, denuncias públicas y severas críticas de gremios como el Colegio de Abogados del Alto Paraná, la Corte Suprema de Justicia decidió premiar a magistrados y exfiscales con antecedentes nefastos, al designarlos como nuevos integrantes del Tribunal de Apelación Penal – Tercera Sala – en la VI Circunscripción Judicial. Esta decisión refuerza las sospechas de que la máxima instancia judicial opera más al servicio de intereses políticos que del fortalecimiento institucional de la justicia.
Una de las designadas fue la exfiscal y exjuez María Teodolina de Fátima Burró, cuya trayectoria está marcada por múltiples denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fallos escandalosos y vínculos con sectores cuestionados del poder. Burró fue elegida de forma unánime por los ministros de la Corte, a propuesta del superintendente de la Circunscripción, César Diesel, quien sería uno de sus “padrinos” para acceder al cargo.
Junto a Burró fue nombrado también el juez Marino Méndez Hermosilla, de conocida cercanía con el Clan Zacarías. Su designación contó con el respaldo mayoritario del pleno de la CSJ, con excepción del ministro Manuel Ramírez Candia, quien se abstuvo de votar. Ambas designaciones generaron una ola de repudio entre abogados, referentes del gremio y ciudadanos indignados por lo que consideran un nuevo golpe a la institucionalidad del sistema judicial.
SÍMBOLO DE IMPUNIDAD
La juez Burró es recordada por su controvertida actuación en el caso del asesinato de Juan Daniel Ortigoza Ávalos, joven acribillado por agentes policiales durante un operativo irregular en julio de 2022. En una decisión sin precedentes, la magistrada otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva a los siete uniformados imputados por homicidio doloso y tentativa de homicidio doloso. Incluso aplicó el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del proceso, en un caso calificado como crimen grave.
Los policías involucrados –del Dpto. de Investigación de Delitos y del Grupo Especial de Operaciones– dispararon sin justificación contra el vehículo en que viajaban Ortigoza, su pareja y su hija de 2 años. A pesar de la brutalidad del hecho, la juez benefició a los acusados con penas mínimas y condiciones irrisorias, como el pago de G. 200.000 mensuales en concepto de “reparación social”. El episodio generó profunda indignación en la ciudadanía y fue denunciado como un caso emblemático de la justicia selectiva, que opera en favor de los agentes del Estado y en perjuicio de las víctimas.
El otro designado como camarista, Marino Méndez, fue juez penal de la adolescencia y es conocido por su alineamiento con el Clan Zacarías, influyente grupo político de Alto Paraná. Su historial incluye fallos favorables a miembros de dicho clan y cuestionamientos por su parcialidad en causas sensibles. Méndez fue seleccionado entre una terna conformada además por Hildo Mohr Benkenstein y Óscar Genes Ayala.
TERCERA VACANCIA YA TENDRÍA “DUEÑA”
La tercera vacancia en el nuevo tribunal aún no fue cubierta, pero todo indica que será ocupada por la juez Cinthia Garcete, quien comparte con Burró un prontuario de denuncias ante el JEM y decisiones judiciales altamente cuestionadas. Garcete fue ternada junto a la fiscal Cinthia Leiva y la magistrada Alba Meza. Si bien la Corte aún no se expidió sobre la terna, se especula que su designación es inminente, una vez que culmine el duelo por el fallecimiento de su padre.
Garcete tiene al menos seis denuncias en su contra, entre ellas una por supuestamente recibir una coima de G. 150 millones a cambio de otorgar arresto domiciliario a policías acusados de doble homicidio. También benefició con medidas similares a un feminicida en 2021, y recientemente extinguió la rebeldía y levantó la orden de captura contra una pareja acusada de millonaria estafa, que nunca compareció ante la justicia paraguaya.
Las designaciones de Burró y Méndez, y la inminente incorporación de Garcete, confirman lo que gremios de abogados y sectores críticos vienen denunciando hace años: que la Corte Suprema responde más a presiones políticas –especialmente de allegados al Clan Zacarías, operadores del Consejo de la Magistratura y la propia Corte– que al interés de mejorar la calidad de la justicia.
El Colegio de Abogados del Alto Paraná lamentó la decisión y advirtió que estas designaciones no hacen más que profundizar la crisis de credibilidad del Poder Judicial. Para muchos juristas, la CSJ ha perdido la oportunidad de marcar una diferencia y encaminar un proceso de depuración real del sistema, optando en cambio por reforzar los lazos con sectores oscuros del poder.
