
Un sector del “Consejo CDE Libre” criticó con dureza al intendente Miguel Prieto por no haberse pronunciado públicamente a favor de los desalojados, teniendo en cuenta que se trata de una problemática que afecta a la comuna. Sostienen que el jefe municipal deslindó responsabilidades mediante un escueto comunicado, cuando que debió asumir la defensa de los desalojados.
En medio de un gran despliegue, agentes policiales llegaron hasta el barrio San Antonio para desalojar a varias familias en cumplimiento a una orden judicial firmada por la juez Maricel Meaurio. Los vecinos se resistieron al operativo y como resultado se produjo una batalla campal con los policías, dejando heridos en ambos bandos. Este hecho motivó la reacción de los integrantes del “Consejo CDE Libre”, que criticaron la inacción del intendente Miguel Prieto por no defender los intereses de los ciudadanos, según dijeron. Incluso afirmaron que no sería extraño que el propio jefe comunal esté impulsando el desalojo. “Criticamos el silencio cómplice del intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto y sospechamos que, con su silencio, estaría acompañando el brutal desalojo del que fueron objeto los ciudadanos que habitan hace más de 20 años esas propiedades”, refirieron los integrantes de dicha organización.
De acuerdo a los informes, agentes del Grupo Especial de Operaciones, efectivos de la Montada y de otras agrupaciones policiales, en gran número ingresaron al barrio y hubo intercambio de disparos con los ocupantes que se resistieron a salir del sitio. Esta acción policial generó la reacción de los miembros de CDE Libre, que una vez más aprovecharon la ocasión para responsabilizar del hecho al intendente.
En junio del año pasado ya se había dado un operativo similar, pero en aquella ocasión los uniformados fueron repelidos por los ocupantes. En octubre de 2023, se realizó otro procedimiento similar cuando se produjo el fallecimiento de Olga Ayala Fernández (43) tras el enfrentamiento con la Policía, oportunidad en la que tampoco se pudo realizar el desalojo. En ambas situaciones, el intendente se había apersonado en el lugar y fue reprendido fuertemente por los vecinos.
En esta última ocasión, la Municipalidad de Ciudad del Este emitió un corto comunicado donde precisaba que la institución no tenía injerencia en el desalojo y que solo había recurrido a la Justicia a los efectos de solicitar la prohibición de innovar en las propiedades ocupadas por los pobladores que fueron desalojados, lo que originó un violento enfrentamiento. La determinación policial, igualmente, fue muy cuestionada por los integrantes de dicho consejo, donde muchos de los que fueron desalojados forman parte del mismo, por lo que pidieron el apoyo de esta organización.