El fiscal Edgar Benítez ha sido objeto de duras críticas debido a su actuación en dos resonantes casos de ingreso de grandes sumas de dinero al Paraguay sin declarar, que ocurrieron ayer en Ciudad del Este y Minga Guazú. Uno incluso involucra a un legislador argentino. En lugar de actuar con firmeza para aplicar la ley, su proceder ha sido calificado como errático, permisivo e insuficiente, lo que despierta preocupación sobre la seriedad con la que el Ministerio Público aborda delitos financieros y de lavado de activos.
En un hecho que acaparó la atención internacional, el senador argentino Edgardo Kueider fue demorado en Ciudad del Este al intentar ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares en efectivo sin declarar. Además del dinero en la moneda americana, las autoridades encontraron 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes en el vehículo del legislador. Según la legislación paraguaya, las personas que transporten más de 10.000 dólares sin declararlos deben ser investigadas por posible lavado de dinero, pero el fiscal Benítez decidió no ordenar siquiera la detención del parlamentario.
A pesar de que los fueros parlamentarios de Kueider no tienen validez en Paraguay, Benítez permitió que el senador se alojara tranquilamente en un hotel y evitó tomar medidas más contundentes. Este accionar contrasta radicalmente con la reacción en Argentina, donde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició de oficio una investigación preliminar para determinar si el dinero tiene origen ilícito. El caso podría derivar en denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Otros organismos argentinos como la Unidad de Información Financiera (UIF) también analizan intervenir en el proceso.
En Paraguay, sin embargo, la gestión del caso quedó empañada por la actitud pasiva del fiscal Benítez, que no solo evitó la detención del senador, sino que también se escondió de los medios de comunicación para no dar explicaciones. Esta conducta fue duramente criticada por abogados del fuero penal, quienes lo calificaron de «payaso y pusilánime», subrayando que el agente fiscal permitió que el legislador argentino eludiera mayores responsabilidades.
CAPTURA DE COLOMBIANOS CON CASI U$S 1 MILLÓN
Horas después del “caso Kueider”, el fiscal Benítez volvió a ser el centro de críticas por su desempeño en otro caso de presunto lavado de dinero. Tres ciudadanos colombianos fueron detenidos en el aeropuerto internacional Guaraní de Minga Guazú con 953.000 dólares en efectivo. La millonaria suma estaba distribuida en fajos dentro de un maletín. Los extranjeros alegaron que el dinero tenía como destino la casa de apuestas Aposta.La, ubicada en el microcentro de Ciudad del Este.
Pese a la gravedad de la situación, las expectativas generales apuntan a que Benítez no tomará acciones significativas, y se teme que los detenidos sean liberados y el dinero devuelto sin esclarecer su origen. Este patrón de actuación refuerza la percepción de que el fiscal carece de compromiso para abordar delitos financieros y que su gestión deja un vacío preocupante en la lucha contra el lavado de activos en Paraguay.
El caso del senador Kueider ha puesto en evidencia la diferencia de enfoques entre Paraguay y Argentina. Mientras que en el vecino país las autoridades reaccionaron rápidamente para abrir investigaciones y esclarecer los hechos, en Paraguay el caso se manejó con evidente tibieza. El fiscal Benítez simplemente se llamó a silencio y evitó profundizar en las responsabilidades legales del legislador.
Oscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), confirmó que el dinero encontrado en poder de Kueider superaba ampliamente el monto permitido para ingresar al país sin declaración. Sin embargo, fue enfático al señalar que el Ministerio Público es el encargado de investigar posibles delitos financieros, una responsabilidad que recayó nuevamente en el fiscal Benítez, quien dejó el caso en un limbo legal.
Por su parte, los tres colombianos detenidos en el aeropuerto Guaraní también están bajo investigación, pero la falta de acciones concretas por parte del fiscal genera serias dudas sobre la seriedad del proceso. Se teme que, como ocurrió en otros casos, el dinero termine siendo devuelto sin que se esclarezcan su procedencia ni sus posibles vínculos con actividades ilícitas.
La actitud de Edgar Benítez no solo afecta la percepción pública de la justicia paraguaya, sino que también debilita los esfuerzos por combatir el lavado de dinero y los delitos económicos en la región. En un país frecuentemente señalado por ser un puente para actividades ilícitas, la falta de rigor en la aplicación de la ley envía un mensaje equivocado a quienes operan al margen de la legalidad.
