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Cuestionan intención de cambiar Ley de Fonancide para el almuerzo escolar

La provisión del almuerzo escolar ya no estaría a cargo de las municipalidades y gobernaciones del país.

Bajo el argumento que el almuerzo escolar no llega a más del 20% de los niños de las escuelas públicas, a causa de la mala gestión de los intendentes y gobernadores, el presidente Santiago Peña quiere modificar la Ley de Fonacide y centralizar este recurso, a través del Ministerio de Desarrollo Social. Desde la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná todavía no hay un pronunciamiento oficial, pero algunos jefes comunales ya expresaron su rechazo a esa pretensión.

El titular de Amualpa, Edoard Schaffrath, intendente de Naranjal, anunció desde el exterior que tendrán una reunión del gremio en los próximos días. Los jefes comunales consideran que todo pasa por el manejo de los recursos y que la centralización pretendida no traería buenos resultados para las zonas más alejadas de la capital del país.

El abogado Fabio Arámbulo, asesor jurídico de Amualpa, dijo que en la zona un 90% de los intendentes manejan bien los recursos del Fonacide y eso está demostrado con la aprobación de sus rendiciones ante el Ministerio de Hacienda. Pero explicó que muchos jefes comunales ya le dijeron que con esta determinación se pone en peligro, cuando menos, la cadena de custodia de los alimentos que recibirán los niños.

“El Ministerio de Educación debe pagar a las cocineras, que se provean los ingredientes de forma mensual o semanal, se vea la forma de almacenar los alimentos perecederos y no perecederos, porque actualmente hay municipalidades, como la de Naranjal, que le paga a una cocinera para elaborar los alimentos de las escuelas públicas. Sé que algunos intendentes tienen contacto directo con el presidente de la República y están viendo para conversar con él sobre esto”, explicó el abogado.

Carlos Ramírez, intendente de San Alberto.

El intendente de San Alberto, Carlos Ramírez, admitió que todavía no conoce detalles del proyecto de Ley impulsado por el Poder Ejecutivo y mencionó que actualmente no llegan a todas las instituciones educativas. También expresó su cuestionamiento a la forma en que se van a distribuir los alimentos.

“Nosotros en nuestro municipio, acordamos con la empresa ganadora de la licitación, que debe comprar de los productores de la comunidad todas las frutas, verduras y otros ingredientes que tengan. Creo que si el almuerzo se hace otro lado, este convenio quedaría sin efecto, además nuestra gestión no tuvo cuestionamientos en el manejo de estos recursos”, añadió.

PRIETO CUESTIONÓ LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO

El que sentó postura sobre el tema fue el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Lamentó que se quiera retirar los recursos del almuerzo escolar a las municipalidades y gobernaciones, cuando estas instituciones solo manejan el 25% de ese fondo y los restantes 75% quedan a cargo del MEC. Cuestionó que al final se acuse a los administradores municipales y regionales de despilfarrar el dinero público.

Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este.

El intendente hizo una comparación con los costos que se tiene en la capital del Alto Paraná y los que maneja el MEC sobre el almuerzo escolar. En un comunicado de prensa señaló que “Al comparar el municipio de Ciudad del Este con el Ministerio de Educación y Ciencias en relación al almuerzo escolar, la institución comunal ofrece un servicio de almuerzo de calidad a un precio por ración de G. 9.997, mientras que el MEC cobra G. 15.770”.

Siguió expresando que la diferencia implica que con el mismo costo, el MEC destina a alimentar a un niño y en Ciudad del Este se llega a tres. “Esto representa un alcance significativo de más de 36,53% que el MEC, permitiendo que más niños accedan a comidas de calidad a un costo más bajo”, insistió.

Lo concreto es que, hasta el momento, el gremio de intendentes no tiene una postura oficial sobre la decisión del Poder Ejecutivo y esperan, los jefes comunales colorados, lograr persuadir al presidente Santiago Peña, sobre la intención de modificar la Ley, por los posibles resultados negativos que acarrearía.

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