El programa Hambre Cero en Paraguay es una iniciativa crucial en la lucha contra la pobreza y la desnutrición en el país, al menos desde la óptica de los propulsores. Sin embargo, para que este programa tenga un impacto real y duradero, es fundamental que los alimentos distribuidos sean de alta calidad nutritiva, universales y con criterios de interés superior.
No se trata solo de llenar estómagos, sino de asegurar que cada alumno reciba los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable y productiva. En este sentido, es imperativo que los alimentos proporcionados en el marco de la iniciativa gubernamental cumplan con estándares rigurosos de calidad, priorizando productos frescos, variados y ricos en nutrientes esenciales.
La distribución de alimentos de baja calidad no solo es ineficaz, sino que es contraproducente, fortaleciendo ciclos de malnutrición y enfermedades asociadas. Por lo tanto, debe existir un control estricto y permanente sobre la cadena de suministro, desde la adquisición hasta la distribución final, garantizando que los recursos destinados a combatir el hambre no se desvíen para beneficio personal o comercial.
Cualquier acción encaminada a lucrar con este programa debe ser severamente sancionada, ya que socava los esfuerzos colectivos por erradicar la pobreza extrema y pone en riesgo la salud de los más vulnerables.
La corrupción y el lucro a costa de los recursos destinados a los más necesitados no pueden tener cabida en un programa tan fundamental.
Las autoridades deben implementar mecanismos de vigilancia y control transparentes y efectivos, y la sociedad civil debe estar empoderada para denunciar irregularidades. Solo así se podrá garantizar que el programa cumpla con su propósito: erradicar el hambre y mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos, desde el primer componente, los educandos.
Se hace hincapié a esta cuestión, pues históricamente en el país se ha practicado lo indebido con dinero de la ciudadanía, bajo pretextos de mejores condiciones para ella. Y como en el inicio de la puesta en marcha del programa ya se ha visto falencias, el panorama se presentó como igual a lo de siempre.
Debe ser intolerable la entrega de alimentos en mal estado, su direccionamiento a otros beneficiarios que no sean a los originalmente concebidos, y negociados premeditados. Todo ello es vigente con recursos del pueblo, por lo que el cuidado debe ser el debido. Hay que desterrar la cultura de la corrupción, más aún sobre cuestiones que buscan romper con la necesidad alimentaria. Al menos en lo que se trata de comidas para los niños, niñas y adolescentes, debe existir un celo total por la calidad y transparencia.
En Alto Paraná, todos los ciudadanos, autoridades políticas y escolares, así como los medios de comunicación, están compelidos a ser fieles custodios de la optimización del programa.
