La criptominería ilegal continúa expandiéndose en el Alto Paraná y la Administración Nacional De Electricidad inició una serie de procedimientos en el departamento, centrándose últimamente en viviendas particulares donde se instalan las máquinas mineradoras. En cuanto a números, las intervenciones se realizan más en las casas que en grandes granjas mineradoras, pues generan una presión considerable sobre el suministro eléctrico, especialmente en los barrios donde se ubican, ocasionando cortes de energía frecuentes que afectan a los vecindarios.
Los técnicos de la Ande llevan a cabo intervenciones en Presidente Franco, Ciudad del Este, Minga Guazú y Hernandarias, a fin de desmantelar las conexiones ilegales de electricidad que alimentan estos centros de criptominería, lo que resulta en pérdidas millonarias para la estatal.
Anteriormente, estos centros operativos solían concentrarse en grandes instalaciones conocidas como «granjas», que albergaban un gran número de máquinas de procesamiento. Sin embargo, desde la Ande indicaron que esta tendencia está cambiando rápidamente. Ahora los equipos de criptominería se están instalando cada vez más en viviendas, en cantidades menores pero igualmente problemáticas.
Las personas involucradas en estas actividades ilegales buscan casas para alquilar o incluso viviendas abandonadas para esconder sus equipos. En algunos casos, las viviendas están habitadas por familias y su objetivo principal es pasar desapercibidos entre las demás casas del vecindario.
El ingeniero señaló que antes se utilizaban líneas de media tensión en locales más grandes, pero debido a los operativos de la Ande, ahora están optando por conectar los equipos a líneas de baja tensión en residencias, lo que dificulta su detección.
Estos hallazgos se están produciendo en toda la región, incluyendo ciudades como Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Guazú. Una de las principales consecuencias de estas conexiones ilegales es la mala calidad del servicio eléctrico para los vecinos, debido a la sobrecarga en los transformadores causada por los equipos de criptominería.
Detectar estas conexiones irregulares es un desafío, dado el gran número de viviendas en cada barrio y la similitud de las instalaciones eléctricas. Sin embargo, la Ande está logrando identificar y desmantelar estos centros ilegales.
Un caso particular implicaba que los aparatos consumían prácticamente toda la energía del transformador de la zona, equivalente al servicio eléctrico de 30 a 40 viviendas. Esto resultó en una pérdida mensual de aproximadamente G. 25 millones en energía sustraída.
Además de enfrentar acciones penales, los responsables de estas conexiones ilegales deberán hacerse cargo de los costos derivados de las intervenciones y las multas correspondientes.Principio del formulario
