El caso de supuesta estafa de US$ 85 millones que supuestamente sufrió la familia Osman, de parte de empresarios extranjeros, ya había prescripto cuando se formuló una segunda imputación, luego que la justicia no encontrara fundamentos y descartara en otro proceso la existencia de algún delito sobre la venta de acciones. Según representantes legales de los denunciados, los Osman pretenden instrumentar la acción penal como “medio de extorsión” para forzar un nuevo acuerdo sobre la transacción comercial, al darse cuenta de que las empresas que entregaron tuvieron un crecimiento económico notable en los últimos años. En 2020, uno de los miembros de la familia Osman ya había denunciado la supuesta estafa que sufrieron, sin embargo el caso fue desestimado. Ahora los Osman, tras perder un segundo proceso, denuncian a fiscales, jueces y hasta ministros de la Corte Suprema de Justicia, buscando presionar para que se allane a sus pretensiones, según abogados de los acusados.
En 2020, Ali Youssef Osman radicó la primera denuncia ante el Ministerio Público de Hernandarias contra José Mario Matheus Viegas, Imad Issa Issa y Samir Issa Issa, por los hechos punibles de lesión de confianza, extorsión, estafa y asociación criminal, en la cual afirmaba que él y otros miembros de su familia fueron despojados de acciones que tenían en las empresas Issos S.A., Issos Greenfield International S.A. y Somax Agro S.A., mediante maniobras fraudulentas.
Luego de realizar la investigación preliminar, el entonces fiscal de la causa Alfredo Acosta Heyn, en fecha 11 de diciembre de 2020, solicitó ante el Juzgado de Garantías la desestimación de la denuncia, al entender que los hechos denunciados no constituían hechos punibles, en razón de que los denunciados habían presentado como pruebas varios acuerdos sucesivos y concatenados, en los que los miembros de la familia Osman formalizaron la venta de sus acciones a los miembros de la familia Issa Issa, con la especificación de precio y forma de pago. Estos acuerdos cuentan incluso con certificación de firma notarial y cuya autenticidad fue reconocida por el denunciante, por lo que el Ministerio Público concluyó que esos acuerdos constituyen pruebas que hubo una extensa y meticulosa negociación entre ambas familias para concretar la venta de las acciones, y que habiendo una obligación de pago pendiente de cumplimiento, no existe perjuicio patrimonial.
Dicho requerimiento de desestimación fue ratificado en fecha 11 de enero de 2021, y posteriormente por el entonces Fiscal Adjunto de la Región, Humberto Rosetti, por requerimiento de fecha 03 de febrero de 2021, con los mismos argumentos. Posteriormente, por A. I. Nº 239 de fecha 11 de febrero de 2021, el Juez de Garantías de Hernandarias, Nelson Ojeda, resolvió desestimar la denuncia presentada por Ali Youssef Osman, considerando la inexistencia de los hechos punibles denunciados, fallo que tiene fuerza de cosa juzgada y que en teoría determina el cierre y la definición de la causa a favor de los denunciados.
Sin embargo, posteriormente los empresarios Wissan y Jamal Osman volvieron a presentar una denuncia penal contra las mismas personas e incluyendo a otras, por los mismos hechos que fueron ya investigados y juzgados en la mencionada causa, la cual paradójicamente ya tuvo una definición favorable a los denunciados.
“BUSCAN INSTRUMENTAR ACCIÓN PENAL COMO MEDIO DE EXTORSIÓN”
Para el abogado Derlys Martínez, la familia Osman pretende instrumentar la acción penal como medio de extorsión para forzar un nuevo acuerdo sobre la venta de acciones, al darse cuenta de que las empresas en cuestión tuvieron un crecimiento notable en los últimos años. Además, el caso ya estaba prescripto cuando se formuló una nueva imputación.
Martínez reveló que la supuesta víctima de estafa había firmado de puño y letra el acuerdo para la venta de acciones, pero ahora se niega a recibir el pago por la venta de acciones. Además, intentaron “apretar” al juez de Hernandarias Nelson Ojeda con una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para favorecer a los Osman, exigencia que tampoco corrió, revelaron las fuentes fidedignas.
SOBRESEÍDOS Y ACCIÓN EXTINTA
Pese a la nueva denuncia que presentaron los Osman ante la justicia paraguaya, en el expediente caratulado “Imad Issa Issa y otros s/ estafa y otros”, los acusados nuevamente resultaron sobreseídos y la acción quedó extinta. Recordemos que por acta de imputación fiscal N° 01 de fecha 28 de diciembre de 2021, la agente fiscal Claudelina Corvalán había imputado a: 1) Imad Issa Issa, 2) Ziad Issa Issa, 3) Towfik Issa Issa, 4) Anuar José Issa Omar, 5) Farid Issa Omar; 6) Nadin Issa Omar, 7) Samir Issa Omar; 8) Mahmoud Hussein Issa, 9) Fabio Guilherme Bedin, 10) José Mario Matheus Viegas, por los supuestos hechos punibles contra el patrimonio en calidad de autores.
Luego, mediante la ampliación del acta de imputación N° 2, del 28 de diciembre de 2021, se formuló imputación contra Evandro Foppa, de nacionalidad brasileña, por estafa y lesión de confianza en calidad de autor. En esta causa, que ya ni siquiera debió existir, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había declarado la extinción de la acción, sobreseyendo a todos los denunciados.
Esto desató la furia de los Osman, quienes denunciaron ante el JEM a cuatro agentes fiscales, a quienes acusan de supuesta negligencia, además de pedir el juicio político para dos ministros de la Sala Penal de la CSJ, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, quienes prestaron su acuerdo por la extinción de la causa. No obstante, lo cierto y lo concreto es que los acusados de supuestamente “estafar” a los Osman ya fueron sobreseídos dos veces por la justicia y pese a que los leguleyos que asesoran a los supuestos afectados amenazan y presionan con denuncias ante el JEM y la Corte Suprema, difícilmente se podrá revertir la situación, ya que los documentos demuestran a las claras que los Osman negociaron sus acciones de forma voluntaria y documentada y recién al percatarse de que las empresas de las que se desvincularon generaban muchos ingresos, intentaron atajar el proceso, instrumentando a la justicia para el efecto con denuncias sin fundamentos.
