Las filas policiales continúan siendo manchadas por agentes que utilizan el uniforme con el propósito de sacar algún rédito económico en procedimientos extorsivos. Semanas atrás, la subcomisaría 46 del barrio San Juan fue desmantelada por un supuesto hecho de corrupción de los uniformados que prestaban servicios en el lugar. Al parecer la vieja práctica continúa campante, tal como denunciaron dos personas que supuestamente fueron llevadas a la fuerza por los agentes desde una estación de servicios hasta la sede policial, donde les solicitaron G. 6 millones para ser liberados. Los denunciantes mencionaron que estuvieron demorados por varias horas y al final tuvieron que hacer un préstamo para pagar G. 2 millones y salir en libertad.
Las víctimas fueron el ingeniero Fernando Nicolás Britos Román (28) y su amigo Diego Lezcano (24), ambos vecinos del Km 9 Acaray. De acuerdo a la denuncia de Britos, a la medianoche del jueves salieron de su vivienda para ir a comprar algo en una estación de servicios que se encuentra a pocas cuadras de su casa. Al llegar al local descendió de su vehículo e ingresó a la tienda para comprar cigarrillos, gaseosa y pan. Al salir se encontró la patrullera de la subcomisaría 46 y a los agentes verificando a su amigo.
Al acercarse al automóvil ya le solicitaron sus documentos de identidad con un tono prepotente, al pasar su cédula sin mediar palabras lo empujaron y lo obligaron a subir a la patrullera y le aplicaron descargas eléctricas con una picana. En ese entonces su amigo ya fue trasladado inmediatamente por otro agente hasta la sede policial.
Posteriormente Britos también fue llevado y al llegar exigió una explicación sobre el motivo de su detención. Allí los intervinientes comenzaron a actuar con más prepotencia y lo agredieron. El amigo al observar que Britos Román estaba siendo golpeado por los policías comenzó a grabar, pero los supuestos agresores se percataron y le sacaron el celular y a los golpes le obligaron a borrar el video.
Posteriormente el ingeniero fue esposado e ingresado al calabozo, donde quedó encerrado hasta llamar a sus familiares para solicitar el dinero requerido por los policías. Según el escueto informe de la subcomisaría, supuestamente Britos estaba borracho y por tal motivo fue preso, pero ni siquiera fue sometido a la prueba de alcotest.
Karina Ocampos, pareja de Britos, consiguió un préstamo de G. 2 millones y entregó a los efectivos policiales, quienes también los obligaron a firmar un acta en la que constaba que ellos supuestamente estaban alcoholiozados, que corrieron de un control e ingresaron a una estación de servicios. Tras la presentación de todos los documentos, ambos fueron liberados a altas horas de la madrugada.
Los afectados consiguieron las imágenes del circuito cerrado de la gasolinera donde se puede observar el procedimiento y presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra los uniformados.
