
Pobladores del asentamiento “San Lorenzo 2”, del barrio Alfredo Pla de Presidente Franco, denunciaron públicamente a José Domingo Salinas Lencina, quien se erige como presidente de la comisión vecinal del lugar sin haber hecho una asamblea. El mismo tendría el respaldo de las autoridades de la comuna. Los afectados refieren que, además de prepotente, Salinas expulsa a los ocupantes del lugar para revender las propiedades a terceros.
El sitio en conflicto cuenta con 7 hectáreas, donde están afincadas unas 53 familias hace más de 10 años. El incidente se suscitó cuando Salinas se presentó como presidente de facto de la comisión vecinal en la Municipalidad de Presidente Franco, institución que aprobó sin mayores trámites el pedido de reconocimiento de la organización. Según los afectados, Salinas no realizó ninguna asamblea para el efecto, pero habría fraguado los documentos pertinentes para que se le apruebe su delegación de vecinos. Los denunciantes sospechan que tendría el respaldo de altos funcionarios de la comuna y hasta del propio intendente Roque Godoy (PLRA). Refieren que el ex diputado Carlos Portillo también estaría apoyando a Salinas, ya que además de ser su correligionario, sería uno de sus operadores políticos para recolectar votos en épocas electorales.
De igual manera, los detractores de Salinas denunciaron que este actúa con suma prepotencia contra los ocupantes que no comulgan con su proceder y actuar. Agregan que cuenta con un grupo de jóvenes alcoholizados, quienes azuzan permanentemente a los lugareños, especialmente a aquellas personas a quienes les ha quitado su espacio en dicho terreno.
Relataron que Salinas expulsa sin ningún pudor a los ocupantes precarios del lugar, con el propósito de volver a vender los terrenos a terceros. Esta sería una vieja práctica que de manera reiterativa lo viene haciendo, en abierto perjuicio de los ocupantes de dicho asentamiento.
PERSECUCIÓN
Los afectados comentaron que se sienten perseguidos por Salinas, debido a la presión que ejerce con su grupo de alcoholizados, obligándolos a abonar G. 20 mil semanales por persona, supuestamente para gastos de gestión que nunca avanzan. Expresaron que están cansados de la prepotencia y amedrentamientos del mismo, que incluso en horas de la madrugada obliga a los ocupantes que no aportan dicha suma a abandonar el lugar, para poder revender.
La comuna franqueña procedió a realizar un censo en el lugar, pero no se pudo concretar porque Salinas no permitió que los funcionarios sigan realizando su trabajo, alegando que no autorizó a que se ingrese al lugar. Los denunciantes indicaron que el hombre se cree el dueño del asentamiento, por lo que no permite que se forme una nueva comisión. La mayoría de los habitantes del asentamiento exigen la renuncia de Salinas y que se realice una asamblea donde se cumpla con todos los requisitos legales para el efecto.