Representantes legales de una familia alemana, presentaron una gravísima denuncia ante la Fiscalía de Mayor Otaño (Itapúa) en contra de un grupo de inescrupulosos, entre los que incluso aparecen personas con antecedentes por narcotráfico y secuestro, por los supuestos delitos de invasión de inmueble ajeno, apropiación de producción agrícola y asociación criminal. La denuncia también incluye el delito de prevaricato contra el cuestionado juez Carlos Alberto Rojas, de San Juan Nepomuceno (Caazapá); el Crio. Ppal. Juan Ramón Agüero Ríos (director de Policía de Itapúa) y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez González. Los principales acusados son Roberto Duarte Velázquez y Roberto Daniel Benítez Báez, que según los denunciantes, intentan apropiarse ilegalmente de una propiedad de 1.000 hectáreas perteneciente a la familia Kauffmann.
Los abogados Marcelo Fabián Riveros y Carlos Daniel Alarcón, en representación de los ciudadanos alemanes Georg Frederic Reymann Kauffmann, Venera Kauffmann y Michel Emanuel Reymann, presentaron una denuncia que involucra múltiples hechos punibles y acusa a los ciudadanos Roberto Duarte Velázquez y Roberto Daniel Benítez Báez de los delitos de invasión de inmueble ajeno, apropiación de producción agrícola a cultivar, ambos en grado de tentativa, y asociación criminal.
La propiedad en cuestión, de casi 1.000 hectáreas, está ubicada en la zona de Yacui Guazú, cerca de la Comisaría Nº 94 y de la estancia de la Familia Eisen, en Mayor Otaño. Esta tierra, identificada como Finca Nº 1914, Padrón Nº 2170, pertenece legalmente a la familia Kaufmann. Según los denunciantes, los acusados Roberto Duarte Velázquez y su yerno Roberto Daniel Benítez Báez, han intentado usurpar esta propiedad mediante simulación de actos y falsificación de documentos.
El conflicto comenzó cuando Roberto Daniel Benítez Báez firmó un supuesto contrato de compra de un inmueble de 500 hectáreas, en junio de 2020. Según el documento presentado, este inmueble fue vendido por la firma Barcos S.A. por US$ 2,5 millones a Benítez Báez, a pesar que el contrato reconocía la existencia de medidas cautelares que prohibían innovar o contratar sobre el bien, debido a un juicio iniciado por la familia Kaufmann.
Curiosamente, antes de la compra, Benítez ya había firmado un contrato de arrendamiento con su suegro Roberto Duarte Velázquez. Este contrato estipulaba que cualquier litigio relacionado con la propiedad sería tratado en los tribunales de Caazapá, a pesar de que ninguno de los implicados residía en ese departamento (Benítez y su suegro residen en Mayor Otaño).
OSCURA PARTICIPACIÓN DE JUEZ GENUFLEXO Y LA POLICÍA
Uno de los puntos más graves de la denuncia es la acusación de prevaricato contra el juez de primera instancia de San Juan Nepomuceno, Carlos Alberto Rojas. Según el escrito, en clara violación de las medidas cautelares impuestas, el magistrado autorizó procedimientos judiciales que favorecían la invasión de la propiedad de los Kaufmann.
El involucramiento de la Policía Nacional también ha sido señalado como fundamental en los intentos de invasión. En febrero de 2024, un grupo encabezado por Roberto Daniel Benítez y su suegro intentó tomar la propiedad con el respaldo de un contingente policial. A lo largo de este año se han registrado varios intentos similares. En uno de ellos, realizado en marzo, la actuaria judicial Liliana Méreles acudió al lugar acompañada por 70 policías y una retroexcavadora para abrir camino al inmueble, aunque no lograron ingresar debido a la intervención de un vecino.
En agosto pasado, más de 100 efectivos policiales se movilizaron sin orden judicial, según confirmaron las propias autoridades policiales cuando fueron requeridas por la familia Kaufmann. Este despliegue fue justificado como una mera «charla», pero según los denunciantes, demuestra la disposición incondicional de la Policía Nacional para apoyar a los invasores.
FINANCISTA NARCO Y SECUESTRADOR
El caso toma un giro aún más oscuro cuando se menciona la participación de Armando Andrés Lezcano Sanabria, que según la denuncia, sería el financista por detrás de los intentos de usurpación. Lezcano tiene antecedentes por tráfico de drogas y ha sido vinculado a secuestros desde la penitenciaría de Itapúa. Específicamente, estuvo implicado en el caso del secuestro del productor Martín Hartmann. Desde su teléfono celular se habrían realizado las llamadas extorsivas, pidiendo el pago del rescate. Su papel fue clave en el tercer intento de invasión en septiembre de 2024, cuando trasladó en su vehículo a la actuaria Liliana Mereles al lugar del conflicto.
ACTUACIONES IRREGULARES
La denuncia detalla una serie de actuaciones procesales irregulares por parte del juez Carlos Alberto Rojas, que a pesar de tener conocimiento de las medidas cautelares existentes, permitió que el proceso judicial avanzara, facilitando los intentos de invasión. En agosto de 2024, la Policía Nacional movilizó un contingente de más de 120 efectivos a Mayor Otaño para un supuesto procedimiento judicial que nunca ocurrió.
En septiembre, nuevamente más de 100 policías fueron desplegados sin razón aparente. La familia Kaufmann sostiene que este accionar responde a órdenes verbales del comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez González, y que estos operativos pretendían facilitar el atropello de su propiedad.
COMPLICIDAD JUDICIAL Y POLICIAL
La denuncia penal presentada ante el agente fiscal de turno de Mayor Otaño resalta la complicidad de la Policía Nacional y del Poder Judicial en los intentos de invasión, denunciando que estas instituciones, que deberían proteger la propiedad privada y hacer cumplir la ley, se han plegado a intereses criminales. Además, plantea preguntas claves sobre la actuación de la actuaria Liliana Méreles, que omitió detalles importantes en las actas judiciales y sobre la orden judicial que supuestamente respaldaba los operativos.
Los denunciantes apuntan que este caso ilustra una preocupante colusión entre miembros del Poder Judicial, la Policía Nacional y actores privados, que ha resultado en múltiples intentos de invasión a una propiedad protegida por medidas cautelares. Los denunciantes piden que se investigue a fondo la actuación del juez Carlos Alberto Rojas (acusado de prevaricato), el director de Policía de Itapúa, Crio. Ppal. Juan Ramón Agüero Ríos, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez González, por su presunta participación en estos hechos. La grave denuncia pone de manifiesto un sistema judicial y policial aparentemente capturado por intereses particulares, poniendo en jaque la propiedad privada y el Estado de derecho en Paraguay.
