Los padres de familia de la Escuela Augusto Roa Bastos del Área 1, cuestionaron la actuación de la fiscal Julia González por el nulo avance en las investigaciones por los hechos de lesión de confianza y otros, contra los ex integrantes de la Asociación Cooperadora Escolar, por la “desaparición” de unos G. 500 millones que son parte del aporte de los padres y entes públicos para obras en la escuela pública. La representante del Ministerio Público no realizó diligencias en la causa, según dijeron.
Los denunciados son Jorge Cabrera y las integrantes de su comisión directiva, Gloria Encina, Rocío Figueredo, Elisa Telesca y Mirian Cano, por el supuesto desvío de fondos de la ACE entre agosto del 2022 y abril del 2023. Posteriormente fueron destituidos en una asamblea extraordinaria porque no había rendición de cuentas de los ingresos que se dieron durante las inscripciones para el año lectivo y el pago realizado para la provisión de uniformes, cuya proveedora también sigue reclamando que le abonen por sus servicios.
La causa por lesión de confianza y apropiación está hace 5 meses en la unidad de la fiscal Julia González. Los padres de familia temen un blanqueo, ya que en setiembre, los denunciantes fueron llamados a una ratificatoria en la denuncia por apropiación y agregaron datos de la causa por lesión de confianza que sigue siendo chicaneada.
“Queremos que se haga justicia, son 1600 niños que fueron saqueados prácticamente, que sus padres hicieron los aportes para ayudar a la escuela ante las miles de carencias que se tiene, ya que el Ministerio de Educación no responde. Sin embargo, un grupo de padres sinvergüenzas lleva a sus bolsillos el dinero sagrado de los niños y con esto se evidencia que nadie controla a las ACES”, indicó una madre de familia que se identificó ante nuestro medio, pero omitimos su identidad por temor a represalias contra sus hijos.
Cabrera ya no pertenece a la comunidad educativa, pero las demás personas que estuvieron en su comisión siguen y el hostigamiento es permanente entre los denunciantes y denunciados, con amenazas de querellas por difamación, escaramuzas en el acceso a la institución, agresiones verbales y otros hechos que son permanentes.
LOS ANTECEDENTES
Una denuncia por lesión de confianza y otros contra los ex miembros de la ACE de la Escuela Área 1 fue desestimada por el fiscal Gabriel Segovia Villasanti, quien no habría desarrollado investigaciones. Esto fue apelado y el Tribunal de Alzada resolvió remitir el expediente al fiscal adjunto para designar un nuevo investigador en el caso.
Los afectados recurrieron a la máxima instancia judicial tras un nuevo revés en Apelación, con un recurso de reposición. Esto para los denunciantes no es más que una chicana para evitar una imputación y una eventual condena en un juicio oral y público.
En la denuncia que está sin avances en la unidad de la fiscal González, tras la ratificatoria de los que accionaron contra Cabrera y su grupo, este se negó a entregar los documentos requeridos por el Ministerio Público, porque lo haría ante la Contraloría General de la República. El denunciado fue intimado a entregar el estatuto de la comisión, facturas, la base de datos de los pagos de los padres de la escuela.
Los padres de familia expresaron que existen elementos sólidos contra la anterior ACE para sancionar las irregularidades que hicieron y que todavía afectan la gestión de la actual conducción, debido al uso discrecional del aporte de la comunidad educativa.
