
La administración de la cuestionada intendenta de Mbaracayú, Nanci Algarín (ANR), nuevamente recibe duras críticas, tras la aplicación irregular de la Ley Nº 7447/2025, que unifica las tarifas de patentes vehiculares en los municipios. Desde enero, la jefa comunal, denunciada en varias ocasiones por presunta corrupción, impuso el cobro de montos exorbitantes a los contribuyentes, sin contar con la debida reglamentación de la Junta Municipal y en medio de severas irregularidades, según las denuncias arrimadas a la redacción de Vanguardia.
El malestar ciudadano se desató al revelarse aumentos desproporcionados en las patentes vehiculares. Un caso ejemplifica el atropello: el propietario de un Toyota Caldina, modelo 1997 (categoría Muy Usado), que en 2024 abonó 106.000 guaraníes por su patente, tuvo que desembolsar 371.000 guaraníes este año, un incremento del 250%. Esto, sin que la intendenta haya informado previamente a la Junta Municipal, la cual se encontraba en receso por vacaciones.
Mientras la mayoría de los municipios del país sensatamente decidieron no acatar la nueva ley y anunciaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, Algarín procedió con su aplicación sin siquiera someterla a discusión legislativa local. Cabe destacar que la normativa establece categorías de precios base (Estreno, Nuevo, Usado y Muy Usado), pero permite que los municipios agreguen tasas contributivas adicionales. En el caso de Mbaracayú, los costos se dispararon debido a la imposición arbitraria de recargos elevados, como 30.000 guaraníes por «conservación de pavimentos» y 25.000 guaraníes por «inspección vehicular», servicio que ni siquiera se realiza de manera efectiva. Además, una simple calcomanía para los vehículos tiene un costo extra de 25.000 guaraníes.

Tras la viralización del escándalo en los medios de comunicación, la intendenta reculó y remitió la documentación a la Junta Municipal para la regulación de la ordenanza. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que el Congreso Nacional tiene previsto derogar esta semana la ley en una sesión extraordinaria. Mientras tanto, numerosos ciudadanos de Mbaracayú ya fueron afectados por los cobros injustificados.
GESTIÓN MUY CRITICADA
Este nuevo escándalo se suma a una serie de cuestionamientos a la administración de Nanci Algarín. Ediles y pobladores denuncian que el 2024 ha sido un año marcado por la inacción, la ineficiencia y presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según había afirmado el concejal Wilberto Blanco, la gestión municipal fue «un fracaso rotundo», con obras prometidas que nunca se ejecutaron y otras que quedaron inconclusas o presentaron serias deficiencias.
Las inversiones en infraestructura fueron mínimas y se limitaron a refacciones menores, como la construcción de algunos baños sexados en espacios públicos. Además, se han denunciado gastos excesivos e injustificados en rubros como combustible, donde se habrían destinado más de 1.000 millones de guaraníes a pesar de que el municipio cuenta con un parque automotor reducido, compuesto por solo dos vehículos pequeños y cinco maquinarias agrícolas.

«Es evidente que hubo un gran despilfarro de recursos, mientras la población sigue esperando soluciones a problemas fundamentales como el acceso a servicios básicos y mejoras en la infraestructura», criticó el edil. La polémica en torno a los cobros indebidos de patentes y las acusaciones de mala administración refuerzan el descontento en Mbaracayú, donde crece la exigencia de transparencia y rendición de cuentas por parte de la intendenta Nanci Algarín.