De tanto acostumbrarse a confiar en promesas que no son cumplidas, la ciudadanía tiene como normal sobrevivir en medio de medias verdades y realidades sobreestimadas de sus autoridades.
Entre esas mentiras, se encuentra el transporte público de pasajeros, que sigue siendo un verdadero absurdo con el mismo nivel de bofetada a la comunidad que no tiene más remedio que tragarse lo mediocre.
Y teniendo en cuenta que los políticos y autoridades comunales, lo único que saben efectivamente hacer es falsear realidades y robar la cosa pública, poco o nada se puede esperar de diferente.
La falta de memoria en muchos, motivados por intereses personales, hace a los hoy concejales municipales olvidar compromisos con la optimización de servicios públicos. El dinero anestesia vergüenzas o quizás solo muestra el verdadero nivel de personalidades.
No se tiene otra explicación, pues los ediles vociferan por todos los medios existentes que emprenden labores extraordinarias en el control de las empresas de transporte público de la región y que incluso hoy en día se tiene el mejor servicio del país, incluido los buses verdes.
Para los oficialistas todo tiene sello de excelencia, pese a que la población padece con la circulación de buses chatarras hace más de una década.
La desidia y complicidad institucional es preeminente, siendo lamentable que en este tiempo se tengan los mismos dramas que afecta a la gente. No se puede minimizar el hecho que nada haya cambiado en torno a mejorías, con lo que la evaluación es absolutamente clara.
La responsabilidad es absolutamente compartida, pues la Municipalidad de Ciudad del Este es la garantista de las empresas operantes.
Todo resultado mediocre es responsabilidad de la comuna, pues para ella se prestan los servicios, e incluso se los paga para garantizarlos.
En el mejor de los casos se puede concluir que el trabajo municipal está mal hecho, pues si se hacen verificaciones y se habilitan las unidades, algo no funciona, o en todo caso los negociados funcionan muy bien.
La negligencia en trabajos de verificación y habilitación atentan contra el municipio y primordialmente contra los verdaderos patrones, el pueblo.
A modo de recordatorio, la obligación de las autoridades es velar por los derechos ciudadanos y buscar mejorar los servicios utilizados. Por ello reciben salarios y están compelidos por la ley.
Si el servicio de transporte no mejoró, es directamente proporcional al real interés de los referentes en cumplir con compromisos asumidos en tiempos de campaña.
No hay excusas que valgan, ni promoción de medias verdades que puedan desmentir esta mediocre realidad vigente en el Este, de la mano de las actuales cabezas comunales.
Es hora de dar un basta a esta situación repetida y no dejarse someter por inescrupulosos y mercenarios. El pueblo merece mucho más de lo actuado hasta la fecha, por lo que es imperativo presionar para que se entienda descontentos.
El pago de impuestos y por los servicios, constituyen el aval más que suficiente como para exigir acciones inmediatas y no bravuconadas y payasadas.
