La lenta respuesta del Poder Judicial en relación a las determinaciones que se deben adoptar con las imputaciones, pedido de prisión domiciliaria y embargo de bienes personales solicitadas por el Ministerio Público contra el intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, preocupa al grupo de ciudadanos que vienen realizando escraches, tanto en la capital del Alto Paraná como en Asunción.
Los mismos temen que las diligencias judiciales y los pedidos de los fiscales que investigan las denuncias existentes contra Prieto, se congelen, por lo exigen a la Justicia que acelere el proceso abierto contra el jefe comunal, sobre quien pesa 38 denuncias penales ante el Ministerio Público, la mayoría por hechos de corrupción, supuestamente cometidos durante su administración.
Miguel Prieto tiene dos procesos abiertos por diferentes hechos punibles, presuntamente cometidos durante su administración municipal. La carpeta con novedades más reciente es la que lo investiga por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, imputación presentada por la Fiscalía y admitida por el Juzgado pertinente el pasado 10 de abril.
En ese marco, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó el embargo preventivo de los bienes de Prieto y de los otros 12 imputados, además de la inhibición general de vender y gravar sus bienes de todos los procesados. Sin embargo, mediante chicanas impulsadas por el propio Prieto y los demás encausados, la diligencia judicial se está trabando de manera exagerada, según sus detractores. En tal carácter, anunciaron que volverán a manifestarse en estos días frente al Poder Judicial de Asunción, de modo a exigir a la Corte Suprema de Justicia que destrabe los juicios de oposición interpuestos por Prieto y sus allegados.
