El obispo de Ciudad del Este, Pedro Collar, a través de su asesoría jurídica, ratificó que las “Hijas de Nuestra Señora de Caacupé” no son parte de ninguna congregación religiosa dependiente de la Diócesis local. Añadió que desde el año 2021 dicha comunidad fue suprimida por Decreto Episcopal Nº 19, firmado por el entonces obispo Guillermo Steckling.
El abogado Wilson Benítez, asesor de la Diócesis, explicó que la congregación estaba en forma transitoria desde el año 2014, cuando el extinto obispo Rogelio Livieres Plano era prelado del Alto Paraná. Con la asunción al cargo de Steckling, se hicieron al menos tres visitas canónicas que no llenaron las expectativas.
“Esa comunidad estaba en prueba, les habilitó el monseñor Livieres, pero luego el obispo Guillermo Steckling suprimió. En el decreto episcopal se mencionó las exigencias del Derecho Canónico y eso determinó suprimir la congregación y la prohibición de usar el hábito”, dijo el profesional que conversó con los medios de comunicación, a pedido del actual obispo Pedro Collar.
De acuerdo al documento firmado por el ex obispo Steckling, la que figura como titular de la congregación, Rufina Salinas Acuña, era una religiosa que vino desde Argentina para habilitar otra congregación en el Alto Paraná, pero ante los datos colectados por el titular de la Diócesis no se logró su habilitación definitiva.
“La hermana Rufina Salinas Acuña ya tuvo dificultades en el trato con las personas cuando pertenecía a un convento de Buenos Aires, en el Instituto del Divino Salvador”, reza el documento del 15 de abril del año 2021, como uno de los causales para suprimir la congregación, que primero estuvo en un tinglado del Área 2 y luego se mudó al Km 14 de Minga Guazú.
En cuanto a que las mismas seguían usando el hábito e invocando ser religiosas católicas, el abogado Benítez dijo que una vez que la congregación es suprimida, la Diócesis ya pierde potestad y tampoco hay una Ley penal que prohíba el uso de la cogulla, pero ante el Derecho Canónico están en falta.
DENUNCIAS DE HECHOS MUY GRAVES
La Fiscalía investiga a la congregación y principalmente a Rufina Salinas Acuña, quien está prófuga, por los hechos punibles de trata de personas para explotación laboral, servidumbre y esclavitud, donde la mayoría de las víctimas son menores de edad. La otra procesada en la causa, Olga Bogado, fue traída al Alto Paraná desde la ciudad de Luque, donde fue detenida.
La mujer no quiso dar su versión de los hechos, pero insistió en que la comunidad “Hijas de Nuestra Señora de Caacupé” está habilitada por la iglesia católica y que existen documentos que lo avalan. Remarcó que, si no estaban en condiciones, no iban a recibir donaciones del Gobierno del Japón para construir el local en el Km 14, o un automóvil que les entregó la entidad binacional Itaipú.
De acuerdo a la investigación fiscal, las falsas monjas se encargan de captar personas que confían en ellas. Cuando ingresan a la comunidad son sometidas a la explotación laboral, servidumbre y esclavitud. Las personas que ingresaban a la congregación eran llevadas hasta Luque y otros sitios para realizar trabajos forzosos, sin comunicación con sus familiares y sin cualquier contacto con el mundo exterior.
INFORMES A LA FISCALÍA Y A INTERPOL
El abogado Wilson Benítez, informó que en el año 2022, cuando la misma congregación fue denunciada por maltrato de menores, ya habían informado al Ministerio Público que fue suprimida por la Diócesis. Ahora, la oficina regional de Interpol también pidió informes sobre el mismo grupo, donde la iglesia volvió a informar que no están reconocidas para actuar como religiosas.
