El Club Atlético 3 de Febrero, una de las instituciones deportivas más emblemáticas del Alto Paraná, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras la reciente presentación de dos graves denuncias penales que apuntan al presunto manejo irregular de títulos patrimoniales, emitidos hace más de tres décadas para financiar la construcción de un Área Social que nunca se concretó en su totalidad. En el lugar fue construido un supermercado de la cadena Super Seis, propiedad del poderoso Grupo Vierci. Las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público y actualmente son investigadas por los agentes fiscales Alcides Giménez y Julio González. Los hechos señalados podrían configurar delitos de estafa, lesión de confianza y apropiación indebida, según lo establecido en el Artículo 187 del Código Penal.
El primer denunciante, Ángel Fernando Reyes Rivas, representa a su difunto padre Marcos Rodolfo Reyes Fernández, quien adquirió el Título Patrimonial N° 280 en el año 1995. Según el reglamento vigente en aquel entonces, los fondos obtenidos por la venta de estos títulos debían destinarse exclusivamente a la construcción de un Área Social en la sede del club. Los planos originales incluían piscina para adultos y niños, vestuarios, baños, restaurante, bar, cantina, quincho, terrazas y jardines. Algunas de estas obras fueron culminadas, pero nunca completadas.
La segunda denuncia fue presentada por Inocencio Ignacio Aquino Riveros, poseedor del Título Patrimonial N° 77, adquirido en 1992. Este caso añade un elemento aún más polémico: la construcción del supermercado Super Seis en el barrio Obrero de Ciudad del Este, sobre el terreno originalmente asignado para el espacio social del club. La obra, que se inició en 2013 y fue inaugurada en diciembre de 2015, transformó un proyecto comunitario en un emprendimiento comercial privado.
La venta de unos 500 títulos patrimoniales, realizada por el directorio que estaba bajo presidencia de Antonio “Pelé” Aranda, generó en su momento grandes expectativas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el incumplimiento de lo prometido y la aparición del supermercado generaron malestar, enojo y desilusión. Según los denunciantes, los socios no fueron notificados ni consultados, ni mucho menos indemnizados por el desvío del fin original de los fondos.
Los abogados de los denunciantes aseguran que se trata de una traición a la confianza de los socios. El predio tenía una ubicación estratégica en un barrio tradicional de la ciudad, ideal para actividades sociales y deportivas. Hoy, convertido en supermercado, representa el fracaso de un proyecto comunitario.
FISCALÍA PODRÍA IMPUTAR A LOS ACTUALES DIRECTIVOS
Las denuncias fueron formalizadas en marzo y abril del presente año. El abogado Carlos Aquino, representante legal de los afectados, informó que la Fiscalía ya inició las diligencias preliminares, incluyendo la notificación a los denunciantes para que presten declaración testifical y a los denunciados, para la indagatoria.
Aquino agregó que se solicitarán informes tanto al Club 3 de Febrero como al supermercado Super Seis para esclarecer cómo se tomó la decisión de ceder el predio. Las preguntas clave apuntan a si hubo o no una asamblea de socios, por qué no se comunicó a los titulares de los títulos, y bajo qué condiciones se concretó la construcción del supermercado.
El abogado también fue enfático al señalar que tanto la comisión directiva de la época, bajo un directorio que estaba encabezado presuntamente por Antonio “Pelé” Aranda, como la actual, bajo el mando de Enzo González, deben rendir cuentas. La actual conducción del club, pese a haber asumido con el compromiso de velar por la institucionalidad, no se ha pronunciado al respecto, lo que genera aún más sospechas.
COMISIÓN DIRECTIVA ACTUAL ENVUELTA EN LA ILEGALIDAD
Además de las posibles irregularidades administrativas, la legalidad misma de la actual comisión directiva está en tela de juicio. Según Aquino, una resolución de la Corte Suprema de Justicia, firmada por sus nueve ministros, declara nulas todas las asambleas realizadas desde el año 2000, cuando José Benítez presidía el club y se inició un proceso judicial que ya concluyó, con la decisión firme de que Benítez debe ser repuesto en la presidencia, algo que no se ha podido cumplir debido a las chicanas del Clan Aranda e incluso la actual comisión directiva. Diversas nuevas asambleas se celebraron ignorando la disposición judicial, lo que pone en duda la legitimidad de las autoridades vigentes.
El abogado Aquino mencionó en ese sentido que se le envió un telegrama colacionado dirigido al Club 3 de Febrero y al supuesto presidente Enzo González, de tal manera que haga entrega de conformidad a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de las instalaciones y de la administración del club, de tal manera que José Benítez pueda asumir de conformidad a esas resoluciones. “Si eso no se cumple, es desacato, esto conlleva una posible demanda también de daños y perjuicios por resistencia”, adelantó.
