Desde el inicio de la gestión de Ángel Ramón Barchini al frente del Ministerio de Justicia, algunas personas con deudas pendientes con la justicia fueron recicladas. Tal fue el caso del guardia cárcel Francisco Javier Ramírez Torres, designado como coordinador dentro de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este en la época que Rubén Lombardo se desempeñaba como director del reclusorio.
Francisco Javier Ramírez Torres (39) era la persona que decidía todo en la cárcel regional. Sin embargo, contaba con orden de captura pendiente dictada por la agente fiscal Lourdes María Soto, de la zona de Caaguazú. Fue sindicado como miembro de una gavilla de piratas del asfalto que perpetró un atraco el 21 de junio de 2023, en perjuicio de una firma trasportadora de encomiendas. El líder del grupo fue identificado como Jorge Guillén.
Los productos sustraídos eran comercializados en la vecina comunidad de Foz de Iguazú (Brasil) y consistía en teléfonos celulares de alta gama. Dicho trabajo estaba a cargo de un ciudadano de origen libanés identificado como Ali Nasser Eddine, actualmente recluido en la cárcel de Ciudad del Este.
Pese al complicado problema que atravesaba ante la justicia, Ramírez Torres era el funcionario más influyente de la penitenciaría local. Su madre de nombre Mercedes, cuenta hasta la fecha con un kiosco frente al penal. Se menciona que la citada, al igual que otros de sus hijos, se dedica a la comercialización de estupefacientes.
Ramírez Torres, Lombardo y otros personales penitenciarios, fueron detenidos el 12 de diciembre de 2023 durante la intervención encabezada por el fiscal Manuel Rojas Rodríguez. Todos soportan cargos por infracción a la Ley 1340/88 y sus modificaciones.
El propósito de Barchini, de acabar con la corrupción en las distintas penitenciarias del país, no se está llevando en cuenta. Es por la designación de personas inadecuadas para llevar en la práctica la supuesta reforma penitenciaria.
Por resolución Nº 517 del 26 de diciembre de 2023, había designado a la abogada Olga Elizabeth Avalos Cáceres, como coordinadora para la reinserción social de los reos de la zona.
Se menciona que la referida profesional del derecho estuvo ligada a unos presuntos piratas del asfalto. Fue entre 2005 y 2006, pero pudo zafar de la justicia mediante la intervención de la entonces senadora Ada Solalinde de Romero. Fue imputada por obstrucción a la labor policial, cuando rescató a un hombre conocido con el alias de “Pollo”.
