Varias empresas importadoras, como L.A. Business S.A. de Ciudad del Este, vinculada a un empresario ecuatoriano, a una brasileña, y al senador colorado imputado Erico Galeano, han obtenido autorización irregular a través de acciones de inconstitucionalidad. Estas resoluciones permiten a dichas firmas importar todo tipo de productos sin contar con el registro sanitario habilitante. Gracias a estos recursos judiciales, las empresas evitan los controles fitosanitarios y, según denuncias, se dedican a la importación de perfumes falsificados e incluso productos alimenticios, poniendo en riesgo la salud pública.
La autorización otorgada a la empresa L.A. Business S.A. para importar productos sin contar con el registro sanitario habilitante, es sólo un ejemplo de la discrecionalidad imperante y ha generado una fuerte controversia. Esta medida, obtenida mediante una acción de inconstitucionalidad, plantea serios riesgos para la salud pública y la integridad del sistema económico del país.
En febrero último, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros César Diésel, Víctor Ríos y Gustavo Santander, firmó el AI Nº 27, dando lugar a una acción de inconstitucionalidad presentada por L.A. Business SA, empresa que pertenece a un ecuatoriano identificado como Luis Fernando Álvarez Jaramillo y a una brasileña de nombre Sandra de Oliveira. Esta acción permitió a la empresa importar alimentos y otros productos sin la necesidad de un registro sanitario, un requisito vital que asegura que los productos no sean perjudiciales para la salud de las personas.
La medida ha sido duramente criticada por varios gremios que cumplen con las normativas sanitarias, quienes ven en esta decisión un acto que no solo pone en peligro la salud de los consumidores, sino que también erosiona la confianza en las instituciones paraguayas. La existencia de un registro sanitario es una obligación establecida por el Código Sanitario y es respetada por la mayoría de las empresas que operan en el país. Permitir que algunas empresas eludan esta obligación no solo crea una competencia desleal, sino que también expone a la población a riesgos innecesarios.
El impacto de estas medidas trasciende el ámbito de la salud pública. La Corte Suprema ha otorgado autorizaciones similares en el pasado, beneficiando a empresas específicas en sectores como el de perfumes y cremas, en detrimento de otras que cumplen con las normativas. Este favoritismo institucional no solo destruye la confianza en la justicia paraguaya, sino que también afecta negativamente a la economía del país.
Empresas como L.A. Business S.A., que operan sin cumplir con los requisitos legales, contribuyen a la inestabilidad económica y ponen en riesgo la sustentabilidad de negocios que siguen las reglas. Además, la conexión de esta empresa con el senador Erico Galeano, imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, añade una capa de preocupación adicional sobre la integridad del sistema judicial y económico del país.
Gustavo Irala, asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, expresó su preocupación por las implicaciones que tiene esta medida en la importación de alimentos sin control. Según Irala, la decisión de la Corte Suprema contradice lo establecido por la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.
El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición también se pronunció en contra de lo resuelto por la Corte Suprema, subrayando que la importación de alimentos sin registro sanitario puede tener consecuencias graves para la salud de los consumidores. El Inan recordó que es el Ministerio de Salud, a través de este instituto, el responsable de regular y controlar la importación de productos alimenticios, y que cualquier desviación de esta responsabilidad podría tener resultados catastróficos.
Frente a este preocupante escenario, es fundamental que las autoridades competentes investiguen a fondo las circunstancias que llevaron a la concesión de estas autorizaciones y tomen las acciones necesarias para garantizar que las normativas sanitarias se respeten. La salud de la población no puede ser sacrificada en favor de intereses particulares, y la integridad del sistema judicial y económico de Paraguay debe ser protegida a toda costa.
