La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público realizó allanamientos en Hernandarias y Ciudad del Este en el marco del operativo “Las Tías”, que busca desmantelar una organización que se dedica a evadir millonarios montos al fisco, utilizando empresas de maletín y facturas falsas. Un estudio contable y de despachos aduaneros que funciona en la vivienda del concejal hernandariense Jhon Florentín, formaría parte del esquema y se habla de una defraudación superior a los G. 80 mil millones, siendo la empresa que representan la que encabeza la lista de evasores.
La licenciada Blanca Sosa, suegra de Florentín, dijo que estaba al frente de la Consultora BYC S.A. y la Agencia Aduanera CBS, sin embargo, el edil hernandariense también tendría vinculación en el esquema y no se descarta que se amplíe la investigación, ya que la evasión impositiva es un elemento para ampliar las pesquisas hacia un hecho punible de lavado de dinero.
Sosa explicó que la consultora contable trabajaba desde el año 2017 con la empresa Avances Corporations, de Benicio Ávalos, pero cuando se percataron que la Dirección General de Ingresos Tributarios (DGIT) estaba investigando los llamativos movimientos de la firma, les entregaron sus documentos para que fueran y rindieran los informes que el Ministerio de Hacienda les estaba solicitando. Sin embargo, añadió que ya no tienen relación con ese cliente.
Para la Fiscalía la conexión política es un elemento que no pierde de vista, por eso están viendo si existe alguna vinculación del concejal colorado, atendiendo a que tiene sus en las esferas gubernamentales. Si bien la fiscal del caso Marlene González dijo que vinieron a llevar documentos, también indicó que la investigación está en una etapa incipiente.
LOS ALLANAMIENTOS
La Fiscalía y los agentes de la DGIT realizaron operativos en Ciudad del Este y Hernandarias buscando elementos relacionados a la millonaria evasión impositiva. En Hernandarias, la fiscal Marlene González dijo que buscaron documentaciones puntuales con base a la denuncia realizada por la DGIT, mencionando que venían investigando el esquema desde el año 2017.
La titular de la investigación en la unidad anticorrupción, dijo que se habla de una evasión que rondaría entre G. 70.000 millones y G. 100.000 millones en todos esos años, a través de empresas de maletín y facturas falsas. Están en la mira estudios contables, personas particulares y otras supuestas empresas que serían solamente fachadas, montadas para desangrar al fisco.
“Estamos buscando facturas, talonarios, análisis del sistema informático y otras documentaciones. Incautamos lo que consideramos pertinente. La firma contable, al saber de las investigaciones de la DGIT, le entregó sus documentos a la empresa investigada. Por eso, en físico no estamos viendo en este local y revisamos el sistema informático de la firma”, explicó la fiscal González.
EN CIUDAD DEL ESTE
De acuerdo a las investigaciones, en Ciudad del Este allanaron una oficina en la avenida Camilo Recalde y una vivienda en la avenida Che Sy Hasy, del barrio San Roque, donde se encontró una modesta vivienda de madera, con escasa infraestructura, donde reside una familia de clase media baja.
Este procedimiento estuvo a cargo de la fiscal Luz Guerrero, que explicó que de acuerdo al cruce de documentaciones surgió la información que en el sitio había empresas que se dedicaban a los rubros de paisajismo, construcción y agro veterinaria, pero nada de eso encontraron. Sin embargo, sí tuvieron acceso a numerosas facturas que serán analizadas y sometidas a una pericia contable.
La agente del Ministerio Público no entregó mencionó detalles sobre nombres, números y otras especificaciones, pero señaló que todo el
procedimiento lo hacen con base a los datos entregados por la DGIT en su denuncia. De hecho, técnicos de la dependencia estatal acompañaron el operativo y revisaron todos los documentos que fueron incautados.
También sobre la avenida Camilo Recalde, en el microcentro, el fiscal Diego Arzamendia encabezó otro allanamiento buscando documentaciones que tengan que ver con el caso. Aclaró que en otras regiones del Alto Paraná puede haber otros integrantes del esquema que generó un millonario perjuicio al fisco.
EL ESQUEMA DE “LAS TÍAS”
De acuerdo a lo expresado por Oscar Orué, director general de ingresos tributarios, la denominación de “Las Tías” al operativo es porque hay relación de parentesco entre los investigados y también el nombre de una de las empresas. La dependencia a su cargo estuvo investigando el caso por un año, pero los hechos punibles que se les atribuyen datan de 3 años o más, por lo que están en la mira del Ministerio Público.
“Nosotros empezamos a indagar cuando aparecían casos como gente que quería hacer un préstamo y en su historial decía que está inscripto como contribuyente y nunca han gestionado su RUC. También casos de personas de la tercera edad que gestionaban el pago del subsidio y no podían conseguir porque aparecían en el sistema como contribuyentes, supuestamente con movimientos muy altos, mientras que ellos a duras penas están sobrellevando los achaques de la edad”, explicó Orué.
Preliminarmente, son 10 personas identificadas en el esquema, pero luego de los allanamientos los investigadores consideran que saltaran más nombres y empresas que perpetraron el fraude al fisco por unos G. 70.000 millones a G. 80.000 millones, por medio de facturas falsas y empresas de maletín.
Sería el cuarto esquema grande de defraudación a las arcas públicas que descubren en cooperación con el Ministerio Público. Según Orué, este es uno de los que tiene montos más considerables y están involucrados estudios contables, gestores, personas que financiaban las operaciones y otras que ni siquiera sabían que eran parte del esquema.
Para las próximas horas la Fiscalía debe definir la responsabilidad de cada investigado y realizar las imputaciones del caso. Precisamente, el propio Orué señaló que la evasión va de la mano con otros hechos punibles como lavado de dinero y demás delitos conexos.
