La reciente aprobación exprés de la rendición de cuentas 2024 del intendente Roque Godoy (PLRA) expuso una vez más el preocupante nivel de complicidad entre el jefe comunal y concejales municipales que, lejos de ejercer un control responsable, se prestan a un esquema de respaldo incondicional a cambio de cargos, favores y negocios personales. Los más cuestionados fueron los ediles colorados Blanca Acuña y Miguel González, quienes permitieron el blanqueo de la ejecución presupuestaria, que estaría plagada de irregularidades, negociados y “tragadas”.
La sesión de la Junta Municipal de la semana pasada fue el escenario de una maniobra que generó indignación entre los concejales opositores. Sin figurar en el orden del día, y con un dictamen supuestamente redactado por terceros, la mayoría oficialista —con el apoyo de los concejales colorados Blanca Acuña y Miguel Ángel González— aprobó sin estudio previo el balance de ejecución presupuestaria del cuestionado intendente liberal.
El dictamen fue firmado por Amelio Garcete, Luis Fernando Vargas, Lucio Vera y Blanca Acuña, miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Según la documentación, dicha comisión se habría reunido el lunes previo a la sesión, aunque no existen registros en la secretaría de la Junta que confirmen dicha convocatoria. El concejal Hugo Mendoza, uno de los que se opuso, denunció que el dictamen fue elaborado por terceros y que se actuó con una clara intención de ocultar irregularidades.
Llamativamente, el concejal colorado Miguel González se ausentó “estratégicamente” durante la votación, lo que fue interpretado como una forma de evitar el costo político sin obstaculizar la aprobación. En tanto, Acuña votó a favor, sumándose a los liberales oficialistas y otros concejales del bloque aliado.
PACTOS AZULGRANAS AL SERVICIO DEL BENEFICIO PERSONAL
Los concejales colorados Blanca Acuña y Miguel González están en el centro de las críticas no solo por su voto cómplice, sino también por sus múltiples vínculos con la administración municipal. Ambos han sido señalados en reiteradas ocasiones por utilizar sus cargos para colocar a operadores políticos y familiares dentro de la nómina de funcionarios de la comuna, además de beneficiarse de negocios privados con el municipio.
En el caso de Miguel González, la situación es aún más grave. Siendo miembro titular de la Junta de Gobierno de la ANR, ha sido proveedor de la Municipalidad a través de su empresa de seguridad Protec Max S.A., la cual recibió contratos directos durante la gestión de Godoy. Estos contratos, por montos que superan los G. 140 millones, fueron firmados por su pareja Librada Cristaldo Román, mientras él mismo los aprobaba desde su banca en la Junta, configurando un evidente conflicto de intereses.
La empresa de González fue adjudicada en 2018, 2019 y 2020 para prestar servicios de vigilancia en el polideportivo municipal. Tras la denuncia pública, el intendente Roque Godoy alegó desconocer el vínculo familiar entre Cristaldo Román y el concejal, y aseguró que no volvería a contratarla. Sin embargo, el daño institucional ya estaba hecho.
Por su parte, Blanca Acuña fue acusada en 2021 por el propio Miguel González de haber vendido su voto por G. 100 millones para permitir la elección de un concejal liberal como presidente del órgano legislativo. Según González, existen audios y vídeos que prueban que Acuña dijo necesitar el dinero “porque tiene muchas deudas”. La edil también fue objeto de un intento de expulsión del Partido Colorado, que no prosperó, pese a las evidencias de su colaboración sistemática con el oficialismo liberal.
¿CONTRALORES O CÓMPLICES?
La actitud de Acuña y González ha generado gran repudio entre ciudadanos y actores políticos que esperaban de sus representantes un mínimo de coherencia ideológica y compromiso con la transparencia. Sin embargo, ambos han demostrado que sus prioridades no están en el control del uso de los recursos públicos, sino en la obtención de beneficios personales, aún si ello implica traicionar a su partido y a sus electores.
La Junta Municipal de Presidente Franco se ha convertido así en un escenario donde los pactos azulgranas prosperan a costa del interés público. Mientras el intendente Roque Godoy sigue acumulando cuestionamientos por su gestión, cuenta con una mayoría obsecuente que le garantiza impunidad y blindaje político.
