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El abominable abuso infantil debe encontrar un freno integral

El embarazo infantil es derivado del abuso sexual, siendo problemática profundamente arraigada en Paraguay, con efectos lacerantes transversales, a más de sumar para una grave crisis de derechos humanos y salud pública.

Estos flagelos no solo destruyen la infancia y el futuro de miles de niñas, sino que también perpetúan ciclos de pobreza, violencia y discriminación. Es imperativo que como sociedad se tomen  medidas contundentes para erradicar estas prácticas, comenzando por desculturizar la normalización del abuso sexual infantil.

En Paraguay, las estadísticas confirman que cada año muchas niñas menores de 14 años quedan embarazadas, en muchos casos como resultado de abusos sexuales que quieren hacerse llamar como “consentidos”. Estos embarazos, además de ser forzados, representan un grave riesgo para la salud física y mental de las menores.

Las niñas embarazadas enfrentan complicaciones médicas severas, incluyendo una alta tasa de mortalidad materna e infantil, así como daños psicológicos irreparables.

Es una consecuencia directa del abuso sexual, una práctica que lamentablemente se encuentra normalizada en muchas comunidades paraguayas. Esta normalización se debe en parte a factores culturales, sociales y económicos que perpetúan la violencia de género y la explotación infantil.

La falta de educación sexual integral y el insuficiente acceso a servicios de salud y apoyo psicológico para las víctimas agravan aún más la situación, y que de momento lo único que se logra es espanto mediático y luego olvido.

Es fundamental que la sociedad paraguaya se movilice para desmantelar estas estructuras nefastas. La desculturización del abuso debe comenzar con la educación. Implementar programas de educación sexual integral en todas las escuelas es un paso esencial para empoderar a los niños y niñas, proporcionándoles las herramientas necesarias para identificar y denunciar abusos. Estos programas deben incluir protecciones y no promoción del abuso y degeneraciones sexuales.

Además, es crucial que el sistema judicial actúe de manera firme y eficaz para perseguir y castigar a los perpetradores de abusos sexuales. La impunidad no solo permite que los abusadores continúen causando daño, sino que también envía un mensaje de tolerancia hacia estos crímenes.

Las autoridades deben garantizar que las denuncias de abuso sean investigadas de manera rápida y justa, y que las víctimas reciban el apoyo necesario para su recuperación.

La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales también juegan un papel vital en la lucha contra el abuso sexual infantil y el embarazo precoz. Estas organizaciones deben ser apoyadas y fortalecidas para que puedan continuar su labor de concienciación, prevención y asistencia a las víctimas.

Crear redes de apoyo comunitarias que incluyan a padres, educadores, profesionales de la salud y líderes comprometidos con la protección de los derechos de los niños es un paso ineludible.

Erradicar el abuso sexual en Paraguay requiere un compromiso firme y sostenido de todos los sectores de la sociedad. No se puede seguir tolerando  que más niñas vean truncada su infancia y su futuro por la violencia y la explotación. Es hora de romper el silencio, desafiar las normas culturales que perpetúan estos crímenes y construir una sociedad donde cada niño y niña pueda crecer libre de miedo y sin manipulaciones de espectros que se aprovechan de inocencias.

La protección de la infancia debe ser prioridad innegociable, siendo responsabilidad que incluye a todos.

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