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El alto costo de la mediocridad

No siendo ningún descubrimiento, cada funcionario público que no se dedique de lleno a su labor, y que no valore, respete y cuide el dinero ciudadano que solventa operatividades oficiales, no es más que un mediocre personaje de altísimo costo.

El establecimiento de viáticos es con fines que todo empleado del Estado pueda tener cubiertos gastos que demanden labores extraordinarias, es decir, aquellas que requieren traslados y acciones fuera de oficina. Ahora bien, gastar dinero público para ir con parejas a festivales a no más de 10 kilómetros de la oficina, arropándolo como parte de trabajo institucional, es una afrenta.

Las denuncias hechas públicas, de utilizar recursos de secretarías, como la Senatur, para paseos en pareja, no es un hecho menor, pues cada centavo del erario es para correcto y preciso fin. Todo fuera de ello es malversar.

Si una funcionaria no se comporta dentro de los lineamientos de exigencia de funciones, y para colmo no precisamente brilla por aptitudes por encima del promedio, entonces hablamos del repetido error de colocar a gente intrascendente en puestos donde la capacidad de gestión es pauta.

Cuando se abusa del poder, quedan expuestas miserias personales. El papel soporta todo y si bien todo puede ser arropado con legalidades cuestionables, la realidad delata.

La designación es personal, individual, así como las responsabilidades penales. Es aplaudible tener acompañamiento de parejas, pero ese acompañamiento debe ser moral, no para tareas institucionales. Si no prima el sentido común, no hay mucho que esperar. Debería existir una delicadeza correspondiente a investiduras, siendo religión la optimización de recursos públicos.

De hecho que “hacer turismo” es propio de funciones, pero la moderación y pudor deben estar estrechamente ligados a ella.

Los resultados concretos también son requisitos de actividades, por lo que cada uso de viáticos debe tener una justificación precisa de logros obtenidos. Pasar bien con consorte, no podría considerarse como logro de gestión institucional, salvo que terapia de parejas integre manuales de responsabilidades.

Todo integrante de la función pública tiene deberes y obligaciones contempladas en normativas particulares en cada una de ellas, pero por sobre todo la ética debe ser inquebrantable.

Si se generasen beneficios reales, quedaría en segundo plano el uso de peculios públicos, por lo que se debería apostar a conclusiones esperadas y que mínimamente superen a labores de antecesores.

El “hechakuaa” en administración pública  no es opcional, y el mejorar labores también es imperativo.

Toda oficina regional de un Ministerio, que solo sea un estamento para hacer vito con el gasto público, para amiguismos, cumplir solo lo básico y justificar desidias, es inútil.

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