El departamento de Alto Paraná está viviendo un preocupante recrudecimiento de los hechos delictivos, lo que contribuye a acrecentar, como es lógico, la sensación de inseguridad entre sus habitantes.
El aumento de delitos como robos, asaltos, y homicidios, ha acrecentado el ambiente de temor en la población, que se siente desprotegida frente a la ola de violencia que en verdad nunca dejó de estar presente.
Este incremento de la criminalidad no solo afecta a las áreas urbanas, sino también a las zonas rurales, donde la presencia de grupos organizados vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas agrava la situación.
En distritos como Ciudad del Este, un importante núcleo comercial fronterizo, la inseguridad ha afectado tanto a los residentes como a los comerciantes, impactando negativamente en la economía local. Robos de cargas de electrónicos, asaltos a comercios menores, y hasta a contrabandistas, muestran que la osadía de la delincuencia no mermó y que pese a algunos resultados posteriores como identificaciones de supuestos autores, se recupera poco o nada de lo sustraído, y casi nadie para tras las rejas.
Se repiten las carencias, por lo que la falta de recursos adecuados para las fuerzas de seguridad, así como la corrupción y la impunidad, son componentes fundamentales para la expansión de las actividades delictivas en la región altoparanaense.
No hay que perder de vista que en meses finales de cada año, la delincuencia se incrementa, por lo que en base a estadísticas, se debería dar prioridad en política criminal.
La capital del Alto Paraná, y los municipios cabecera son de alta relevancia en materia de actividad económica, por lo que el circulante atrae a marginales, así como la mierda a las moscas, debiéndose al menos mostrar esfuerzo de las autoridades en custodiar a los bienes y a las personas de manera más concreta, valiéndose de la previsibilidad del incremento delictivo.
La población exige una mayor presencia policial y acciones concretas por parte de las autoridades para combatir la violencia y recuperar la paz social en la región, haciéndolo más tolerable.
No se minimiza el desafío, pues es real que el tema de la seguridad es bastante complejo.
Se necesitan no solo medidas de seguridad, sino también políticas integrales que aborden las causas profundas de la criminalidad, como la falta de oportunidades laborales, la exclusión social y la debilidad de las instituciones. Para ello están al mando, teóricamente, expertos en temas de inseguridad, con las debidas recetas para el equilibrio. Se concede al Estado la seguridad pública, se paga impuestos para ese fin, el pueblo se somete a normas para una armónica convivencia y acepta estar bajo control, por lo tanto el Gobierno presente debe corresponder a esa obligación derivada del mando-obediencia. La restitución de mayor sensación de seguridad es un asunto fundamental en lo social y económico, por lo que no es una cuestión menor a seguir siendo obviada.