La gestión del presidente de la República Santiago Peña, desde el inicio enfrenta desafíos significativos, incluso con la ventaja de contar con una mayoría colorada en el Poder Legislativo.
Aunque se han planteado planes ambiciosos y necesarios para impulsar el desarrollo del país, el avance de estos proyectos está siempre amenazado por la disociación en las prioridades entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Esta desconexión de prioridades, obstaculiza la implementación de políticas públicas clave, generando un clima de incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de lograrlo, pues se repiten desacuerdos por apetencias diferentes.
Uno de los principales problemas radica en la falta de coincidencia en proyectos estratégicos, ya que mientras Peña busca lo macro y apunta a la eficiencia estatal, los diputados y senadores prefieren incrementar salarios, traficar influencias y proteger planilleros.
La falta de conciencia de algunos legisladores sobre el correcto uso de los recursos públicos es alarmante, pues a la par de discursos de reducción de costos, legisladores desarrollan su propia agenda de despilfarros.
En lugar de priorizar inversiones estratégicas, persisten prácticas que favorecen el clientelismo y la malversación. Este comportamiento es tan repetido, que tampoco debe sorprender al Jefe de Estado, pues conoce de antemano quienes son sus aliados, y en base a qué se sostiene esa alianza.
Poner en riesgo la sostenibilidad de los planes del gobierno no es muy inteligente si se pretende consecuciones de mandatos.
Es de mucha importancia que los diferentes poderes del Estado trabajen en conjunto, con un enfoque claro y sin salirse del interés nacional.
Las divergencias políticas no pueden seguir entorpeciendo la construcción de un Paraguay más próspero y sin exclusiones. No pasa por una cuestión de no discutir los proyectos, sino de anteponer cuando se trate del beneficio general a largo plazo.
Extorsionar con “dame algo para que te dé”, es la misma práctica nefasta que ancló al país a la mediocridad que perjudica a todos, y solo beneficia a un minúsculo grupo de mercenarios que fungen de representantes del pueblo.
Se necesita un compromiso real por parte de los legisladores para alinear sus prioridades con las del Ejecutivo, entendiendo que el progreso del país depende de las decisiones responsables y de la gestión eficiente de los recursos públicos.
Si las cabezas piensan igual, buscan el bienestar de la gente, entonces no debería existir praxis distintas.
No se habla de no descuidar cuestiones de transparencia, o de disparidad de criterios sobre aspectos que podrían sumar para lo positivo de los planes, sino de caminar todos bajo las mismas razones de lo correcto, conducente y de utilidad general. El desafío persistente es que las autoridades de los diversos ámbitos cumplen con deberes y obligaciones, sin pretextos ni manipulaciones. Todos quienes no asuman el bienestar general como prioridad, no son más que viles expositores del despilfarro y robo de la cosa pública.
