No siendo absolutamente nada novedoso, el sistema penitenciario nacional enfrenta graves desafíos que comprometen no solo la seguridad de los internos, sino también la de la sociedad en general. Entre esos problemas, destaca la falta de controles efectivos que permita evitar el ingreso de elementos prohibidos como drogas, celulares y objetos contundentes a los centros penitenciarios, algo que en ningún penal se pudo contrarrestar.
Esta situación pone en evidencia no solo la vulnerabilidad del sistema, sino la falta de honestidad de los funcionarios penitenciarios, por lo que urge implementar medidas correctivas.
El ingreso de elementos ilícitos no solo facilita la costumbre de actividades delictivas desde el interior de las cárceles, sino que también aumenta los riesgos de violencia y conflictos entre los internos, que se repiten periódicamente.
Los teléfonos celulares, por ejemplo, son herramientas que son utilizados para coordinar actividades delictivas fuera del penal, mientras que las drogas intensifican los problemas de adicción y violencia. Por su parte, los objetos contundentes, como armas blancas, e incluso de fuego, representan una amenaza directa para la seguridad física de los reclusos y el personal penitenciario.
Si en cada cateo aparecen dichos artefactos y estupefacientes, es porque no funcionan en su debida dimensión los supuestos componentes de control previo a ingresos.
Pero no existe elemento inquebrantable para la deshonestidad, por lo que como aspecto crucial, es indefectible abordar la problemática desde la garantía de mayor integridad de los funcionarios penitenciarios.
El sistema requiere servidores públicos que actúen con ética, transparencia y compromiso con su labor. Es vital que se dé este componente que debería ser natural en el vivir humano.
Sin embargo, la falta de formación adecuada, los bajos salarios y la corrupción endémica dificultan este objetivo. Es imprescindible establecer programas de capacitación continua, mejorar las condiciones laborales y aplicar sanciones firmes para quienes incumplan con sus deberes o colaboren en el ingreso de elementos ilícitos. La impunidad por amiguismo, “chonguismo”, o por el dinero sucio producido, no pueden seguir siendo protectores y alimentadores del mal.
Debería ser vergonzoso para un director de penal, que no culminen ilegalidades, salvo que sea beneficiado con el hecho.
En ese contexto de necesidades, es imperativo modernizar los mecanismos de control en las penitenciarías, no solo para internos, sino también para empleados. Con la instalación de tecnología avanzada como escáneres corporales y detectores de metales, la implementación de controles rigurosos en el ingreso de visitas y personal, y la realización de inspecciones regulares para identificar posibles vulnerabilidades, se suma en favor de que la costumbre se convierta en algo fuera de lo habitual.
La crisis penitenciaria en Paraguay exige una respuesta integral que combine controles más estrictos, inversión en tecnología y el fortalecimiento de la ética institucional.
Penosamente hay que seguir insistiendo en el control de la integridad del componente humano, como básico para que todo funcione de manera adecuada.
