La situación de precariedad estructural en los municipios del interior del departamento del Alto Paraná, es un reflejo de las profundas desigualdades que persisten en el desarrollo de la región, sin visos de cambios sustanciales.
Mientras que los distritos cabecera, como Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú y Presidente Franco, concentran la mayor parte de las inversiones y la infraestructura, las comunidades más alejadas sufren una notable falta de caminos en condiciones, acceso a servicios básicos, salud, educación y oportunidades económicas.
Uno de los principales problemas que enfrentan estos municipios es la deficiencia en la infraestructura vial, primordialmente en zonas rurales. Los caminos de tierra, intransitables en épocas de lluvia, limitan el acceso de los pobladores a centros de salud, escuelas y mercados, dificultando la comercialización de sus productos y aumentando el costo de vida. A esto se suma la falta de acceso a agua potable y energía eléctrica de calidad en varias comunidades, lo que impide el desarrollo de emprendimientos locales y el bienestar de sus habitantes.
La educación y la salud también se ven fuertemente afectadas por esta situación prácticamente inalterable desde hace décadas. Muchas escuelas rurales operan en condiciones precarias, con aulas deterioradas y sin acceso a tecnologías o materiales didácticos adecuados.
En el sector de la salud, la escasez de centros médicos bien equipados y la falta de profesionales dificultan la atención de emergencias y el acceso a servicios médicos esenciales, obligando a los ciudadanos a trasladarse largas distancias en busca de atención. Algunos con mejor suerte son trasladaos en aeronaves presidenciales, a cientos de kilómetros para recibir atención pertinente, pero es la excepción a la regla.
Es lastimera la situación de la mayor parte de regiones fuera de los cascos céntricos. Para cambiar esta realidad, el Gobierno central debe implementar un plan de desarrollo integral que contemple inversiones en infraestructura, fortalecimiento de los servicios públicos y fomento a la producción local también para los municipios menores. La descentralización de recursos y la planificación estratégica son claves para asegurar que todas las comunidades altoparanaenses tengan igualdad de oportunidades para su crecimiento y bienestar.
No se puede seguir apostando únicamente al desarrollo de los grandes centros urbanos mientras las comunidades del interior continúan en el olvido y sus moradores padeciendo.
Cuando se prioricen políticas inclusivas que atiendan las necesidades de todos sus habitantes, garantizando un desarrollo equitativo y sostenible para el futuro, sí se podrá hablar de mejorías sustanciales.
De momento la injusticia social es regla desde el mismo estamento gubernamental, por lo que la inequidad presente se extenderá más allá de lo esperado.
