A modo de ilustración, absolutamente necesaria por la denigración de las funciones del Ministerio Público, por lo impúdico de sus agentes fiscales, la Constitución Nacional, en su artículo 266 lo define como representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. En la ley orgánica de la instancia representativa agrega que tiene como prioridad “velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte”.
Luego de la presentación poética de las obligaciones funcionales del órgano extra poder, hay que encarar la prostituida realidad, mediante el despreciable actuar de algunos agentes fiscales, donde el estamento es caterva de malvivientes al servicio de clanes políticos y de todo aquel que tenga la billetera para comprarlos.
Aberraciones fiscales, como los denunciados contra la fiscal Natalia Montanía, que según las mismas, habría ordenado actuaciones abominables y contra las propias normas procesales, y constitucionales, marcan aspectos lúgubres de un órgano que antes de estar al servicio del pueblo, es el garrote preferido de mafiosos. Es el Ministerio Impúdico.
Hasta pareciera fantasía cuando se denuncian aberraciones jurídicas, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, pero las muestras palpables están en entrega de guarda de menores a infames, privación de libertad para víctimas de cobardes agresores, y ropaje de pobrecitos a victimarios.
Por la suciedad personal de algunos fiscales, la crítica de Solón es tan vigente que no pareciera que falleció en 560 a. C. «Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso.»
La Fiscalía hace años dejó ser, si es que alguna vez fue, defensora de la sociedad conforme a Derecho, convirtiéndose, por la absurda codicia de algunos de sus agentes en elemento represor.
El descrédito de la justicia se da en gran medida por la mediocridad, complicidad y malvivencia de ciertos funcionarios fiscales, representando más bien a rufianes antes que a la gente que acude a ellos a fin de obtener lo justo, padeciendo doblemente el desprecio a sus derechos.
La Fiscalía no cumple con su obligación, y solo unos pocos buscan proteger su integridad, pese a presiones de superiores que son tratados como leprosos por sostenerse dentro de los principios legales y morales. La corrupción carcome la instancia hasta sus cimientos.
Y como es propio, los que son nefastos fiscales no sobreviven como organismos independientes, tienen el aval y protección de Fiscales Generales y de políticos que tienen el mismo aroma a letrina. La dolencia institucional no es exagero, por lo que al espanto ciudadano, se debe agregar una presión fuerte contra quienes solo tienen ánimo de lucro, antes que vivenciar deberes y obligaciones.
El pueblo sigue siendo víctima de unos pocos que rigen a la mayoría. Es hora de recomponer las estructuras investidas por las normas, y para ello la reingeniería moral es fundamental, pues al final el que falla, es el componente humano. Limpiar la Fiscalía, no es opción sino necesidad para que de una buena vez, la regla sea la representación genuina del pueblo ante organismos jurisdiccionales, no la excepción. Para tener a buenas y correctos fiscales, primero deben ser buenas y correctas personas.
