En los últimos años, Paraguay se ha enfrentado a un creciente drama vinculado a la presencia de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, que se ha arraigado en el rubro de lo ilegal.
Este grupo, conocido por sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y violencia organizada, ha encontrado en nuestro país un lugar estratégico para sus operaciones, debido a diversos factores, motivados por la desidia en materia de seguridad pública. Este fenómeno pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y justicia para impedir que la nación siga siendo un refugio para estas organizaciones.
La ubicación geográfica centralizada en el corazón de Sudamérica, y sus fronteras extensas y de precario control, especialmente con Brasil, facilitan el tránsito ilícito de drogas, armas y dinero. Además, la debilidad institucional en áreas como el sistema judicial, la policía y el control fronterizo ha permitido que el PCC establezca redes operativas dentro del territorio paraguayo.
Estas redes no solo afectan la seguridad interna del país, sino que también generan un impacto negativo en la región al consolidar corredores internacionales del crimen organizado.
La influencia del grupo marginal brasileño se ha manifestado a través de hechos como la fuga masiva de reclusos de cárceles, asesinatos por encargo y la infiltración en sectores políticos y económicos. Esto evidencia la necesidad de una reforma estructural de todos los sectores involucrados en la seguridad.
La lucha contra el crimen organizado requiere de mejoras en tecnologías de vigilancia, fortalecer la capacitación de las fuerzas de seguridad y promover mecanismos de cooperación internacional, particularmente con Brasil y otros países de la región, para combatir este fenómeno de manera seria.
Del mismo modo, hay que tener un compromiso político sostenido para combatir la corrupción, que a menudo facilita la operación de estas organizaciones criminales. Sin firmeza para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en los sectores público y privado, será imposible desarticular las estructuras que sostienen al PCC y otros grupos similares.
El Gobierno Nacional debe priorizar la construcción de un entorno seguro y legal que no solo proteja a sus ciudadanos, sino que también garantice que su territorio no siga siendo utilizado como base de operaciones para organizaciones criminales internacionales.
La lucha contra el crimen organizado es una tarea compleja, que cuanto más se incrementa la desidia, se incrusta en todos los estamentos, haciéndolo parte del país, dotándolo de impunidad y de imperio.
Es indispensable garantizar la estabilidad y la prosperidad de Paraguay, desterrando a ratas de estas calañas. La región no puede seguir siendo madriguera del PCC.
