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El populismo no borra negligencias

Sin desconocer el impacto que generan acciones institucionales que alegran al pueblo de manera somera, como festivales, manifestaciones, lucecitas en plazas y otros vyrorei, no son suficientes como para apuntalar gestiones y recibir felicitaciones. Hacer ruido y no dar respuestas a problemas sustanciales es caer en el fiasco.

En la función pública no importan los esfuerzos, sino los resultados. Cuanto más se cumplan con los preceptos legales y procedimentales, más cerca se está de salvaguardar lo correcto por vía correcta a fin de dar soluciones a problemas básicos. Cuando se rompen las reglas y se entra en el mismo esquema de anarquía, no hay populismo barato que borre negligencias y negociados.

Acciones intempestivas, viscerales, no precisamente se encuadran dentro de la conducta primera de un intendente serio, y segundo no solucionan nada.

Toda lucha que podría tener un buen resultado, no puede caer por negligencias, más aún si existen lazarillos que en teoría son expertos en ámbitos técnicos. Eso pasó y sigue pasando con aquellas actuaciones donde se habló de recuperación de bienes comunales, pero cayeron por negligentes.

Toda actuación oficial debe ser pensada. Los fracasos se originan por malos asesores y decisiones por instinto.

Es intolerable en administradores comunales, de gobiernos departamentales y ni que decir de la administración central, caer en hacer por hacer.

Las acciones en una sociedad deben ser regidas por leyes y sus articulaciones. Se conoce el juego, y los técnicos no están ajenos a ello, al menos en teoría, por lo que no hay justificaciones válidas.

Como principio de cualquier autoridad medianamente seria, los guías no deben ser improvisados, pues rodearse de ineptos  o malvivientes, hace nudo de la cuerda alrededor del cuello más temprano que tarde.

El fin no debe justificar los medios en un Estado de Derecho.

Las leyes muy pocas veces son el real problema, sino el incorrecto uso del procedimiento para llegar a la defensa o ataque de derechos o para el uso de los bienes ciudadanos.

Los malos impartidores de justicia lo utilizan para argumentar fallos traídos de los pelos, pero siempre caen cuando se sigue por el conducto, pues tarde o temprano se alcanza la instancia objetiva.

Usar la violencia verbal o física como defensa a lo que se cree corresponde, no debería ser principal arma de profesionales y autoridades.

El pueblo tiene no solo el derecho, sino deber de levantar su voz de protesta contra acciones ilegales, opresiones y negligencias, pero no sin tener a conocimiento total de las circunstancias, o manipulando realidades. A favor o en contra, se deben tener argumentos verosímiles. Y valerse de herramientas que posibilitan las leyes es obligación, no opción.

Intentar encubrir mediocridades gritando corrupciones ajenas, no son precisamente escuchados por quienes tienen al menos dos dedos de frente, pues se busca obviar la podredumbre propia como medio de defensa.

Los líderes deben mostrar inteligencia, entereza, mesura, e integridad en cada paso. Velar para que esas sean las características de gestiones oficiales, es innegociable. Solo pan y circo no evaden inconductas y mediocridades institucionales.

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