Se tienen muestras absolutamente claras de una vulneración grosera de teorías de división de poderes, que incluso cuentan con sustento constitucional determinando potestades, límites y prohibiciones.
Una vez más se pudo notar que hay un supra poder, no contemplado en normas, que hace y deshace, al antojo de propósitos no precisamente de beneficio general.
El poder detrás del poder, que no tiene prohibiciones ni límites, y que posee total relación con la política, aquella que no es la propiamente dicha, que se vale del juego democrático de mayorías aplastantes. En el Paraguay todo es franqueado cuando se tiene como respaldo mayorías políticas. No existen leyes y debidos procesos, y menos erga omnes.
Es así que decisiones judiciales son escritas a medida de criminales diputados, senadores, intendentes, gobernadores y ministros.
Investigaciones de la Fiscalía atenuadas, dádivas y designaciones por determinaciones politiqueras para estar al servicio de mafias. Blindajes que van mucho más allá que meros fueros y garantías procesales. Dignas de licencias para delinquir.
País donde reglas solo pesan sobre comunes. La idoneidad, la honestidad y la buena reputación no sirven para nada, al menos para estar en estamentos de decisiones y representaciones, si es que se tiene el visto bueno del padrino.
El verdadero poder lo ejercen políticos que gozan del poder económico, y quienes en efecto manejan los hilos del país. Los dueños del poder no están investidos por la institucionalidad.
Amateurs y quienes solo tienen la capacidad de obedecer órdenes externas son Ministros, titulares de entes y directores de organismos públicos.
Todo está centrado en la seudo política, aquella que crea delincuentes con escudo de impunidad.
No existe forma que el país puede avanzar a puerto seguro, mientras el poder de facto predomine, incluso por sobre el soberano.
El poder detrás del poder manda, y no hay percepción de molestia generalizada por ello, pues se anticipó compras de conciencias de quienes en teoría se deberían oponer.
En una sociedad con mayoría de miembros comprometidos con el honor y la patria, no debería ser posible el dominio de lo fáctico.
La recomposición de las instituciones debe ser planteada y despejar con urgencia, al menos públicamente, la injerencia extra política de los poderes del Estado.
La Justicia es la más afectada por la politiquería, pues la genuflexión ante lo no legal es blasfemar a la institucionalidad construida por la Constitución.
Las injerencias convierten en marionetas a quienes se dejan someter, fortaleciendo el círculo vicioso de la indecencia en perjuicio del pueblo.
Hay conocimiento público de quienes manejan los poderes, y a la par de quienes la inciden sin pena. La clase política actual enfatizó la desfiguración de verdades y se tiene un presente peligroso de irrespeto al sustento legal de la Nación.
