Con más ruido que contenido o resultados reales, investigaciones a personas con influencia y poder político, han arrojado más espectáculo mediático que sanciones contundentes, sin que se zozobre la estructura corrupta que desangra al país.
La dificultad que efectivamente caigan los peces gordos de los rubros no legales, no varió en este tiempo, por lo que se sigue una cadena donde los mayores ladrones no pisan ni la vereda de la cárcel.
Sigue siendo muy difícil en el Paraguay que mafiosos sean sometidos al rigor de las leyes, pues se eluden procesos en el país de los amigos.
La Justicia es extrema sobre los sin nombre ni poder económico, mientras que solo acaricia a los que tienen el ropaje del dinero y la bendición política.
No es novedad que existan estamentos que permiten la comercialización de la justicia, donde el bolsillo hace la diferencia.
No varió lo irregular y lo que ata a la falta de seguridad jurídica.
La justicia sigue produciendo injusticia.
Por más poesía que se tenga en la Constitución Nacional y en las normas penales, donde crímenes y delitos son sancionables independientemente a billeteras, las manipulaciones legales desproporcionan ese equilibrio preceptual.
Debería ser normal que fiscales y jueces deban determinarse dentro del marco legal, no dentro del marco económico.
No se puede dudar para aplicar disposiciones firmes, pese a tratarse de amigos, hermanos de logias, o de ahijados del poder.
La misma sociedad es fiel testigo de muchas cosas ajenas a la legalidad, de casos lúgubres donde bandidos no pisan prisión e inocentes se pudren en penitenciarías.
La severidad y suavidad no tienen más diferencia que el caudal económico.
La seguridad jurídica pasa por el cumplimiento del principio de generalidad en materia de alcance de las normas. Esta es la principal garantía de justicia. Pero su aplicación debe ser fuera del bolsillo, del aspecto político, de amoríos o lazos fraternos.
Ya no se debe permitir manejos dentro de la impunidad por el caudal económico, político o cualquier otro aspecto no jurídico.
La ciudadanía que atestigua privilegios no correctos, debe animarse a tomar el protagonismo requerido para cambiar el contexto.
La impunidad alimenta la corrupción y esta inmundicia donde los poderosos hacen lo que quieren y solo los pobres son sometidos a la ley. Eso no puede seguir siendo regla.
La pasividad del pueblo permite que lo bizarro sea normal.
El dinero no debe seguir siendo diferenciador de ciudadanos, creando estatus de primera y de segunda.
El respaldo político es como un escudo contra las normas y ello se percibe en el Poder Legislativo.
Es obligación primera de las autoridades políticas y jurídicas restituir el orden normal y proteger el sostén del orden público. La burguesía vigente degrada todo, somete todo, por lo que aplicar la “guillotina” a fin de romper el yugo de la injusticia, revolucionará al país, dirigiéndolo hacia el rumbo anhelado por la generalidad.
