El juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, hizo lugar a la imputación formulada por el Ministerio Público en contra del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El referido magistrado dispuso la aplicación de medidas cautelares en contra de los 13 imputados en la nueva carpeta fiscal abierta. Ordenó el embargo preventivo de los bienes de cada uno de ellos.
El magistrado también dispuso la inhibición general de vender y gravar sus respectivos bienes. Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, imputaron la semana pasada a Prieto Vallejos, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de administración y finanzas de la comuna esteña, y a otras 11 personas.
Las pesquisas sostienen que presuntamente estas personas integraban un esquema liderado por el jefe comunal esteño y que desviaba dinero de la comuna a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando un perjuicio patrimonial de G. 306 millones al municipio.
