A través de un comunicado emitido por Petróleos Paraguayos (Petropar) se confirmó la ruptura del contrato con la empresa APSA, de la piloto de rally Andrea Lafarja, argumentando la ““no presentación de la garantía de fiel cumplimiento de dicho acuerdo”. La empresa de la corredora ahora debe pagar una indemnización de US$ 1.500.000 por garantía del mantenimiento de oferta, presentada como declaración jurada.
El contrato entre la Estatal y APSA era por vía de excepción, por lo que la empresa privada aceptó la cláusula de garantía por rescisión del contrato por la millonaria suma, en su artículo “ii. Suministar la garantía de cumplimiento de contrato”, según el pliego de bases y condiciones del llamado.
Con el fin del contrato, es Petropar quien debe exigir el pago de la indemnización, pero hasta el momento se desconoce si ya lo hizo o lo harán en los próximos días, pues el comunicado publicado en sus redes sociales solo menciona el cese del contrato y no sobre el cobro del millón y medio de dólares como garantía.
El presidente de Petropar, Eddie Jara, hasta el momento no se refirió sobre el tema y no accedió a las consultas hechas por la prensa durante el lunes, al menos hasta el cierre de esta edición. En caso de no hacer el reclamo, la Estatal podría incurrir en un severo daño patrimonial, más aun que la garantía fue presentada como declaración jurada.
NI PÉRDIDAS NI FALTA DE PROVISIÓN
El comunicado de la Estatal asegura que este hecho no afecta el abastecimiento, puesto que el mismo está asegurado gracias a otras compras que ha realizado aprovechando ofertas del mercado. “Independientemente a esto, y lo más importante, es que los precios de Petropar al público se mantendrán invariables, hasta por lo menos finales de la primera quincena del mes de noviembre. Esto gracias al esfuerzo conjunto de los Operadores de Estaciones de Servicio Petropar y del propio Emblema”, reza el comunicado.
Finalmente la petrolera ratifica que seguirá trabajando arduamente conforme a todas las herramientas y prácticas que le brinden las leyes, con el firme objetivo de conseguir precios a bajo costo, muy convenientes para la ciudadanía y cuyo riesgo sea cero para el Estado.
