La comisión de seguridad del barrio Boquerón no cesa en su lucha por el traslado de la Penitenciaría Regional y está expectante a las acciones solicitadas a organismos locales e internacionales para que todos los internos sean trasladados al nuevo correccional erigido en el distrito de Minga Guazú. Explicaron que el local actual es para 400 presos y que más de 1600 personas están hacinadas en el lugar, donde poco más del 20% cuenta con condena.
Una de las misivas fue enviada al Ministerio de Justicia para solicitar, en carácter de urgencia, la intervención de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, a fin de que puedan constatar la superpoblación y evitar que los internos sigan sufriendo tratos crueles e inhumanos por la precariedad existente. Posteriormente realizar el traslado inmediato a la nueva sede penitenciaria que cumple con los requisitos estructurales básicos exigidos por las Naciones Unidas.
También recurrieron a los bomberos, donde les indicaron que la infraestructura no es para la cantidad de personas que alberga y eso hizo que rebose el sistema cloacal. Por ello la penitenciaría arroja los efluentes cloacales sobre la avenida Rogelio Benítez y llegan hasta la calle Capitán Brizuela, desembocando directamente en el Lago de la República, contaminando todo a su paso. Pidieron además saber si la sede penitenciaria cuenta con un sistema de prevención contra incendios.
AL MADES Y A LA COMUNA DE CIUDAD DEL ESTE
La comisión de seguridad está abarcando todos los frentes buscando una solución definitiva, que es el traslado total de la Penitenciaría Regional. En ese sentido también recurrieron al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, denunciando que permanentemente se arrojan los efluentes cloacales a la avenida y luego esto va directamente al espejo de agua, que sirve para proveer agua a la población de la zona del microcentro.
“Solicitamos en carácter de urgencia la intervención de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada, a fin de que eleven su informe y de esta manera hagan cumplir lo establecido en la LEY N° 5.428 “De efluentes cloacales”. Y en caso que corresponda, remitir los antecedentes al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) y al Ministerio Público”, reza parte de la nota firmada por Eduardo Morales como presidente y Delia Gamarra como secretaria.
Asimismo, la comuna esteña debe informar a la comisión si la penitenciaría cuenta con planos aprobados, además de la aprobación del sistema de prevención contra incendios. Los vecinos pidieron que la municipalidad intime a las autoridades penitenciarias para que realicen todas las acciones para subsanar su sistema cloacal y evitar la contaminación.
ANTE LA ONU
Igualmente, los vecinos remitieron nota a la Organización de las Naciones Unidas para que puedan enviar a los observadores internacionales, para constatar la situación denunciada, elevar su informe y posteriormente instar al Gobierno a que realice el traslado de los internos a la Penitenciaría a Minga Guazú, ya que la misma cuenta con los requisitos estructurales básicos exigidos por las Naciones Unidas.
