
En el Alto Paraná, el distrito de Minga Porã es uno de los primeros donde ya se habla de promover una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 7447/2025, “Que establece el Cálculo de Costos para el pago del Impuesto de Patente a los Rodados”, promulgada el pasado 6 de enero por el presidente Santiago Peña. Consideran que se avasalló la autonomía municipal y que muchos costos son altamente onerosos para los contribuyentes, mientras que la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná analiza un consenso entre todos los intendentes.
La intención de accionar contra la Ley será tratada en la primera sesión del legislativo y estará planteada por su titular, Walter Espínola, que ya conversó al respecto con los asesores del intendente de Minga Porã, Clementino Portillo. Según indicó, existe un mismo punto de vista, ya que somete el poder adquisitivo de los contribuyentes.
La normativa promulgada modifica el artículo 22 de la Ley Nº 620/1976 «Que Establece el Régimen Tributario para las Municipalidades de 1º, 2º y 3º Categoría». Al respecto, el concejal Espínola dijo que en su distrito se rigen por la ordenanza tributaria, pero que la Ley promulgada está por encima y avasalla la autarquía municipal, imponiendo costos que no condicen con la realidad de cada distrito.
“Para mi es inconstitucional, hablamos con los asesores del intendente y estamos en lo mismo. Con el pedido ante la Junta vamos a darle las armas al intendente y su equipo jurídico para que accione contra la normativa. Creemos que otras municipalidades se irán sumando, porque no se puede aplicar con los costos instituidos”, explicó el titular del legislativo de Minga Porã.
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) ha establecido los montos para la patente de rodados según la categoría de los municipios, pero la “Ley Santi Peña” hizo que esos montos se tripliquen. “En Minga Porã, nosotros por la habilitación de un Toyota Premio estábamos cobrando G. 160 mil y ahora con la nueva Ley eso subió a G. 380 mil”, insistió el edil.
FUGA DE CONTRIBUYENTES
Minga Pora ya venía atravesando un inconveniente desde la creación del municipio de Laurel, hace pocos años, en el departamento de Canindeyú, donde los costos por habilitaciones y otros impuestos eran muy por debajo de lo establecido en el distrito de Alto Paraná. Lo mismo se daba con gestores que llegaban de ciudades del departamento del Guairá, principalmente para las habilitaciones de camiones con carga de doble o triple eje.
Minga Porã cuenta con 1.300 contribuyentes, pero a la hora de pagar el impuesto de sus rodados los mismos acuden a otros municipios donde los montos son más baratos. Ahora, con la nueva Ley en vigencia, temen que la morosidad sea un factor que vaya en contra de las recaudaciones municipales, porque la mayoría de los habitantes no está en condiciones de pagar los elevados montos establecidos.
“Ya teníamos ese problema que, en Laurel, cobraban por un camión con carreta G. 100 mil, cuando que en Minga Porã el monto llegaba a los G. 400 mil. También gestores que vienen de distritos más alejados, llevan los documentos y al día siguiente ya le traen la habilitación. Todo esto nos convence de accionar para que siga vigente la ordenanza tributaria de nuestro municipio”, explicó Espínola.
LA POSTURA DE AMUALPA
Edoard Schaffrath, titular de Amualpa, en conversación con Radio La Clave, dijo que buscarán un consenso entre los intendentes de los 22 distritos del Alto Paraná, para plantear algo concreto, además de tener la postura de Opaci y unificar acciones respecto a la nueva normativa que rige a nivel país.
“Hay municipios que tienen más patentes que cantidad de rodados, porque expiden para gente que no vive en el lugar. También hay categorías que los precios están por debajo de la nueva Ley y otros, como el caso de los camiones en mi municipio, que tienen costos más elevados”, explicó el intendente de Naranjal.
El abogado Fabio Arámbulo, asesor jurídico del gremio de intendentes, aseguró que la Ley N° 7447/2025, es inconstitucional y que tiene previsto una reunión con la comisión directiva de Amualpa donde sugerirá una acción contra la misma.