Pese a las sucesivas denuncias, los concejales municipales de Presidente Franco no buscan la forma de rescindir el contrato con la empresa Copacabana, que es la proveedora del almuerzo escolar este año. A sabiendas que por una resolución, sin previo análisis, no puede derogarse el documento, los ediles Blanca Acuña y Mauricio Torres pidieron que sea aprobado el pedido en la sesión de ayer, pero finalmente, pasó a comisiones y tiene un nuevo plazo de tregua.
Acuña y Torres pidieron que vía resolutiva se derogue el contrato con la firma, propiedad de Teófilo Amarilla Silvero, que fue beneficiado con la provisión del almuerzo escolar para el año 2023 dentro del municipio de Presidente Franco. Sin embargo, el concejal Hugo Mendoza les dijo que se dejen de populismo y analicen que no es la forma de rescindir una relación contractual, ya que hay cuestiones que pueden conllevar a una acción penal contra el municipio y los miembros del legislativo.
“La denuncia realizada por la comunidad indígena, donde manifestaron que el almuerzo no les llega en los días de lluvia, los casos que son conocidos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, sobre el mal estado de los alimentos que consumen los niños, son algunos de los motivos para pedir la derogación del documento y remitir los antecedentes a Contrataciones Públicas”, reza parte de la minuta presentada por los ediles Acuña y Torres.
Una cuestión que llamó la atención de los que estaban en la sala de sesiones fue la postura asumida por el concejal Luís Fernando Vargas (PLRA), que acompañaba todas las gestiones del ejecutivo, quien salió a apoyar el pedido de sus colegas colorados y aseguró que fueron demasiadas las oportunidades concedidas a la empresa que sigue incumpliendo su compromiso.
DERIVADO A COMISIONES ASESORAS
Finalmente y tras un debate durante la sesión de la Junta Municipal, el pedido de derogación del contrato fue enviado a las comisiones asesoras de legislación, hacienda y presupuesto y otros, para analizar cuáles son las alternativas más valederas, sin que el municipio sea desangrado con alguna acción compensatoria por parte de la empresa, en caso de aprobar la cesación contractual.
Asimismo, teniendo en cuenta que estamos a pocos meses de la conclusión del calendario escolar y lo burocrático de los trámites para un llamado a licitación pública, los alumnos de las escuelas públicas de Presidente Franco podrían quedarse sin recibir el alimento hasta la finalización del año lectivo 2023. En ese sentido, deberán analizar todos los aspectos para evitar situaciones afecten a los niños y jóvenes.
“Consta en acta mi postura, desde el principio de esta licitación que ya nació mal, desde el pliego de bases y condiciones, pero no es la forma de hacer una resolución y terminar el contrato con la empresa, debemos analizar los aspectos formales y legales a los que nos exponemos y también al municipio”, advirtió Hugo Mendoza.
El que públicamente sostuvo su respaldo a la empresa Copacabana fue el concejal Jorge “Toti” Fernández, quien advirtió que ni se inmutará si hoy es tapa de diarios o aparece su nombre en otras publicaciones, porque no hay pruebas suficientes contra la empresa proveedora de alimentos para los alumnos de las escuelas públicas franqueñas.
“El caso de la cucaracha, cómo un insecto va a disgregar en una temperatura superior a los 2000°? Y lo de lo de las hamburguesas, la propia nutricionista dijo que una parte no se cocinó y fueron los padres los que prepararon esa comida”, dijo el edil entre otras cosas, evidenciando su fuerte respaldo a la cuestionada firma.
De acuerdo a la licitación pública plurianual la firma Copacabana, que figura como una unipersonal en el Portal de Contrataciones Públicas, fue beneficiada con un contrato de G. 3.026.100.000, de los cuales fue aplicada una gran parte durante este año y debería seguir en el 2024. Por ello, la intención del cese de contrato debe ser analizada a profundidad por los ediles franqueños.