En las últimas semanas el país fue testigo de cuestiones conocidas por todos, pero nunca tan explícitas. Y es así que se genera escándalo tras escándalo, para casi convertir en habitual episodios de una tragicomedia llamada Gobierno Nacional.
Las especulaciones en torno a la comercialización de títulos de grado y posgrados en ciertas universidades del sector privado, nace de un referente del Congreso y juzgador de juzgadores, pero que debido a lo indisimulable de la ignorancia quedó en evidencia de la ausencia mínima de formación académica. Y no es el único caso, pero sí el elegido por medios para sacar a la luz lo que otros tantos “académicos” políticos se ingenian para codearse con verdaderos egresados de facultades.
Leguleyos siempre marcaron pautas en estamentos de preponderancia, con lo que tampoco es algo que rompe un modelo de protección intelectual que deberían tener cargos importantes. Sin justificar absolutamente el mercantilismo académico, tener a presidentes, gobernadores, intendentes, senadores, diputados, ministros, concejales y titulares de entes titulados “legalmente”, pero en la práctica analfabetos funcionales, es incluso peor que aquellos que apuestan a logros en formación terciaria mediante billetera.
La política, la medicina, la abogacía, el periodismo, entre otros rubros, tienen algunos componentes viciosos de falsedades, validos de artimañas para colocarse en igualdad de condiciones con aquellos que sí se esforzaron para alcanzar méritos y aptitudes.
Y hablando de méritos y aptitudes, sin lugar a dudas, otro de los episodios grotescos del Gobierno y que difícilmente sea olvidado como fiasco de alcance binacional, tiene que ver con la postura e impostura en torno a la manipulación del concurso en Itaipú.
No se discutirá que muchos de los concursantes han superado las avaluaciones por propios medios, pero sí la incoherencia de actitudes ante lo que es vicioso.
Todo acto con agregados externos de subjetivismo para favorecer a becerros marcados, es nulo, o anulable, por lo que se justifica jurídicamente la original postura del Directorio del Ente Binacional, por más que no agrade a quienes exigían la plaqueta roja.
Toda decisión en base legal y moralmente justificable es correcta, guste o no, caiga mal o no. Pero lo que sí cae muy mal es autorizar y desautorizar por presiones mínimas y sin relevancia para el interés general.
Callar a un titular de ente, cambiar determinaciones públicas, luego de firmar y argumentar defensas del interés general, es un chiste, y muestra flojedad notoria de quien nada más y nada menos es el Jefe de Estado, el líder de una nación.
Sin dudas, revisión de osadías figura dentro de las posibilidades atendibles, pero en teoría las decisiones oficiales son todas analizadas por un equipo de técnicos que verifica todas las aristas que de ella se desprenderán, para finalmente tomarlas, por lo que en lo básico lo vivido es torpeza forzada por Santiago Peña para dejarse en ridículo, así como a todo su gabinete. La reculada en tiempos de guerra, es como la capitulación y tiene castigo apropiado.
En el anecdotario de lo absurdo, sin dudas estos dos elementos pintorescos merecen el respeto de un país kachiãi.
