Contar en el país con un Ministerio Público integrado totalmente por fiscales idóneos e íntegros, es requisito ineludible y fundamental para garantizar la anhelada justicia, la transparencia que concrete el respeto del Estado de Derecho.
En un país donde la corrupción y la impunidad han sido problemas recurrentes, contar con fiscales capacitados, imparciales y éticos asegura que los casos se investiguen de manera justa y eficiente, pudiendo así la ciudadanía estar con la garantía de ser representada ante los organismos jurisdiccionales de manera correcta.
Los fiscales idóneos tienen la formación y la experiencia necesarias para llevar adelante investigaciones complejas y delicadas, respetando siempre el debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto no solo refuerza la confianza en el sistema judicial, sino que también protege a las víctimas y asegura que los culpables enfrentarán las consecuencias de sus actos.
Tener a incapaces en estamentos representativos, mediante selecciones vicias, ancla al sistema en mera expresión de deseo.
Por otro lado, la integridad es clave en cualquier sistema judicial y social. Fiscales íntegros no se ven influenciados por presiones políticas, económicas ni de otro tipo, lo que permite que las investigaciones se realicen de manera objetiva y transparente, sin atenuantes o manipulaciones. Es de extrema urgencia en un país como Paraguay, donde la lucha contra la corrupción es un desafío constante que la honestidad sea regla primera.
Un Ministerio Público con fiscales incorruptibles fortalece las instituciones democráticas y ayuda a consolidar la justicia en su fin de servir al interés público y no a intereses particulares o de mafias predominantes.
La fiscalía debe ser compuesta por eficaces y honrados, para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde todos los ciudadanos son tratados por igual ante la ley. Ahí sí se puede cumplir con el principio de la norma.
Estos valores mencionados son esenciales para el desarrollo la misma democracia y la restitución de la ansiada paz social.
Cuando se aplica correctamente la norma y los procesos, se tiene el poder de reducir la desigualdad, prevenir el crimen y consolidar a la Nación. Ser un Estado con debilidades en instituciones que deberían custodiar a la población, convierte al país en una monarquía de organizaciones mafiosas, donde los propietarios del poder no son más que súbditos, teniendo sus derechos y garantías denigrados.
Agregar valentía a los fiscales sí podrá hacer de perversiones historia que no se debe repetir. Pero ello debe empezar de arriba para abajo, con lo que si el Fiscal General del Estado no reúne requisitos citados, difícilmente se pueda tener un Ministerio Público genuinamente para el pueblo. Hay demasiadas deficiencias relativas al ejercicio de la función, con lo que comenzar ahora la reingeniería será lo más acertado. No habrá cambio de realidades sin esta condición.