Empleados de la empresa Cevima S.A., dedicada a la limpieza de hospitales y oficinas para el Instituto de Previsión Social, denunciaron ante la Junta Municipal de Santa Rita prácticas laborales abusivas que calificaron como explotación laboral. Según los trabajadores, la empresa les paga salarios miserables, realiza descuentos injustificados y somete a los empleados a condiciones laborales que rozan la esclavitud. La empresa, que estaría vinculada a influyentes políticos, tiene un negro historial y viene coleccionando denuncias laborales hace años, no obstante, sigue ganando licitaciones.
Los denunciantes, quienes prestaban servicios en el hospital del IPS de Santa Rita, reportaron que trabajan de lunes a viernes en jornadas de ocho a nueve horas por un salario de G. 1.200.000, monto del cual se les realizan descuentos compulsivos que reducen sus ingresos a apenas G. 400.000 o 500.000 mensuales. Wilfrido Manuel Romero Vega, uno de los exfuncionarios, declaró que algunos empleados han llegado a recibir menos de G. 100.000 por mes después de los descuentos.
Romero Vega señaló que los empleados son obligados a firmar documentos cuyo contenido no les es explicado. Además, denunció maltratos y abusos por parte de las encargadas de la empresa, Alba Galván y Lourdes Argüello. Según Romero, esta última desempeña tres funciones dentro de la empresa y ejerce una supervisión que incluye maltratos verbales.
“Yo cobraba y, apenas depositaban, el dinero desaparecía. En una ocasión me dejaron con G. 293.000”, afirmó Romero, quien agregó que enfrentó agresiones verbales al intentar reclamar. También relató que, pese a su situación económica y la enfermedad de su madre, fue amenazado para que no denunciara las irregularidades.
APOYO DE AUTORIDADES LOCALES
El concejal municipal Richard Duarte (PLRA) expresó su indignación por la situación y anunció su apoyo a los denunciantes. “No vamos a permitir este tipo de cosas en Santa Rita”, declaró e edil, quien acompañó a los trabajadores a la Dirección Regional del Trabajo en Ciudad del Este para formalizar una denuncia contra la empresa. También adelantó que buscará dialogar con el presidente del IPS y, si es necesario, con el presidente de la República para abordar el caso.
Sin embargo, Duarte advirtió que la empresa podría estar protegida por influencias políticas. Según información recibida, “hay parlamentarios detrás de esta empresa, lo que hace que las denuncias no prosperen”, manifestó.
NEGROS ANTECEDENTES
Cevima S.A. no es nueva en las controversias laborales. En agosto de 2023, fue adjudicada con un contrato por G. 59.505.933.030 para servicios de limpieza en dependencias del IPS. Sin embargo, la empresa, representada por Carlos Alberto Escobar Brizuela, acumula múltiples denuncias por incumplimientos laborales en diversos departamentos, incluyendo San Pedro, Misiones, Caaguazú y Cordillera.
En diciembre de 2019, 24 trabajadoras de limpieza del Poder Judicial en Ciudad del Este denunciaron a Escobar Brizuela y a Alba Galván por supuestos delitos de extorsión, estafa, coacción y producción de documentos falsos. Según estas denuncias, los trabajadores eran obligados a firmar recibos de dinero y luego enfrentaban descuentos indebidos. Si bien la denuncia pasó al Ministerio Público, el proceso nunca fue impulsado y terminó en la nada.
Los trabajadores de Santa Rita ahora esperan que las autoridades tomen medidas para poner fin a esta situación. El caso de Cevima S.A. refleja una problemática recurrente en el sector de tercerización de servicios, donde los derechos laborales suelen ser vulnerados en nombre de poderosos intereses económicos y políticos.
