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Esquema tía Chela desvío más 2.000 millones de gs según acusasion fiscal

Tía Chela fue utilizada como fachada.

Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez formularon este miércoles una acusación formal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El mandatario municipal enfrenta cargos por supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal, en el marco del caso conocido como “Esquema tía Chela”, que implica el desvío de más de 2.000 millones de guaraníes del patrimonio municipal.

Según los fiscales, entre los meses de marzo y junio de 2020, Prieto, en su calidad de administrador general y ordenador de gastos de la comuna, habría orquestado una licitación irregular para la compra de insumos destinados a la fabricación de panificados. Esta iniciativa, supuestamente destinada a beneficiar a familias de escasos recursos durante la pandemia de Covid-19, resultó ser una fachada para el desvío de fondos públicos.

La acusación indica que el intendente contaba con la colaboración de varios miembros de su equipo, quienes facilitaron el proceso irregular. Entre los implicados se encuentran Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, exdirector de administración y finanzas de la comuna; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, concejal municipal y exdirector de Desarrollo Social; Higinio Ramón Acuña, jefe de División de Adquisición y Suministro de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero; y Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A., empresa proveedora.

El Ministerio Público sostiene que el proceso de compra pública estaba amañado y dirigido para beneficiar a una estructura jurídica favorable a Prieto. Se alega que esta estructura se encargó de “todo el proceso de pago a la empresa proveedora TÍA CHELA SRL por mercaderías inexistentes a través de la órdenes de compra y las órdenes de pago suscritas por las cuales se autorizó el desembolso de G 2.949.650.000 del patrimonio municipal. Como resultado de estas conductas, estos funcionarios a sabiendas colaboraron con Miguel Prieto Vallejos en el detrimento negativo (perjuicio) del patrimonio de la institución por la suma total de G. 2.130.036.160”.

Miguel Prieto y los demás acusados enfrentarán cargos severos que podrían derivar en sanciones penales significativas, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la devolución de los fondos desviados.

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